Su autor Daniel Pecaut, miembro de la comisión histórica para los diálogos de la Habana, Cuba que se desarrollan en el momento entre el gobierno Colombiano en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia liderada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-EP.

Estos diálogos se desarrollan a través de delegados de las partes con fines de conseguir acuerdos que permitan en un proceso una paz la solución de las causas de fondo que dieron origen al conflicto social armado en Colombia, y para ello se hace necesaria la verdad con fines de encontrar responsables tanto en la institucionalidad como también en los sectores lideres de la sociedad y la economía para sobre ellos recaiga la justicia y se redima a las victimas. Esta ha sido una postura de las FARC-EP incluso desde antes de los diálogos, del compromiso del Estado Colombiano, de los sectores lideres de la sociedad y de la economía en el desarrollo del conflicto y por ello su propuesta de la comisión histórica que permita no solo causas sino también responsables. Desde la orilla institucional habla entonces el señor Pecaut mediante este escrito.

El análisis que desarrolla sobre la singularidad histórica de Colombia como el mismo lo dice tiene tres componentes metodológicos: los contextos, la dinámica de los actores y con ello las continuidades y discontinuidades tanto de los contextos como de las dinámicas de los actores en ellos. Importante contemplar según el autor esta dinámica en cuanto los actores interpretan y modifican los contextos y en ello introduce no solo elementos exógenos sino también los endógenos.

De acuerdo con esto entonces el argumento central es que la pobreza y la desigualdad no explican el origen del conflicto puesto que si bien propicia la desorganización social esto no necesariamente conduce a el. Mas bien es el calculo estratégico de los actores que deciden la conversión de las zonas fronterizas o mineras en lugares centrales de enfrentamiento el que trae como consecuencia la exacerbación de la desigualdad y la pobreza y con ello la lucha armada a estado al servicio del statu quo social.

Este argumento comienza por sostener que el origen del actual conflicto no se encuentra en el pasado de las luchas campesinas ni en las luchas partidarias anteriores a los años sesenta. Entre ellas no hay continuidad. Las movilizaciones campesinas de los años 60 no establecen vínculos con las de los años 1925-1936. Por otro lado la división partidista y sus diferencias no serán tan importantes en el nuevo conflicto como lo fueron en la época de la violencia entre 1945-1964. Su discontinuidad no explica el origen de la lucha armada a pesar de que las FARC provengan de este periodo.

También central en este argumento es el contexto en el que se desarrolla la singularidad histórica de Colombia. 1930- 1940 el civilismo y la precariedad de la simbólica nacional, la débil institucionalidad o precariedad del Estado explicado por el no monopolio legítimo de la violencia y el no acatamiento de la normatividad Colombiana en este caso y en el otro por el aislamiento de lo militar de los asuntos políticos. Para este lapso de tiempo se combina con la puesta en marcha de una idea de desarrollo económico centrado en el liberalismo económico en el que el Estado no debe intervenir, es la idea del Estado minimalista. De este contexto continua en el tiempo el civilismo aunque con modificaciones con el frente nacional cuando se acuerda si bien la no injerencia de los militares en los asuntos políticos por ineptitud también se acuerda en la formula de restauración la no injerencia de los civiles en los asuntos militares de mantenimiento del orden y el combate a la subversión. Continua en el tiempo la idea si bien no la idea del Estado fallido, si la del Estado precario, la idea del problema de gobernabilidad que hay que resolver; en la época de las movilizaciones campesinas y la división del los partidos el monopolio privado de la violencia al servicio de los partidos, igual en la época de la violencia, en la época del frente nacional la irrupción de las fuerzas insurgentes y en 1980 hacia nuestros días el factor central ha sido el narcotráfico. Continúa también la idea del desarrollo capitalista pero bajo la visión CEPALINA en la que el Estado es un Estado interventor para la época de aplicación de la formula de restauración y hacia los noventa la idea del desarrollo capitalista vía reformas neoliberales en la que se introducen reformas de tal forma que quien lidera el desarrollo ahora es sector privado.

El argumento entonces sitúa el origen del conflicto armado hacia mediados de los años sesenta del siglo pasado producto de una combinación de la aplicación de ideas radicales de las izquierdas trotskistas, maoístas, guevaristas y soviéticas, con su versión del Frente Nacional como sistema cerrado y puramente represivo, variante de régimen autoritario, en un contexto internacional de triunfos revolucionarios como la revolución Cubana y el auge de otras luchas en el mundo sobre todo en Centro América cuya influencia es grande en los movimientos insurgentes de Colombia. Son actores que actúan estratégica y tácticamente con el fin de aumentar su poder de influencia política guiados por el principio de combinación de todas las formas de lucha, inicialmente bajo las orientaciones de los partidos de izquierda que a su vez reciben influencia de sus matrices internacionales como satélites políticos de un sistema instaurado. Este argumento como lo deja de antemano planteado en sus notas preliminares y lo vuelve a recalcar posteriormente considera que el conflicto es armado y no tiene la caracterización de social por cuanto los movimientos sociales no coinciden con los momentos de las luchas armadas. Aunque los movimientos insurgentes se reclaman de orientación social estos no coinciden en el tiempo con los movimientos sociales. Por otro lado no involucran a toda la población y a todas las instituciones políticas no constituyendo una suerte de guerra civil además que fragmentada territorialmente no afecta por igual a todos los departamentos colombianos y la heterogeneidad de los actores involucrados marca una discontinuidad en la lucha armada.

Como factor central en la expansión del conflicto cita el fenómeno del narcotráfico que involucra a todos los actores que de manera matizada lo explica pues no descarta el carácter político de la lucha armada. Con fines de aumentar su poder, su control político sobre territorios las FARC

principalmente entre los movimientos insurgentes acopia recursos provenientes de la economía de la coca. Pero no solo busca recursos de esta fuente sino también de las economías primarias como la minería ilegal y la extorsión a las actividades de consolidación de la economía capitalista en el campo y del secuestro.

En su argumento el periodo del Frente Nacional es importante en la explicación del origen del conflicto armado por cuanto en el surge uno de los factores causantes. Se trata de la versión del sistema como un sistema cerrado, autoritario, represivo, con limitaciones en los derechos políticos y en otras reivindicaciones sociales tanto de los campesinos como de los trabajadores urbanos. Esta versión se generaliza como vulgata entre todas las organizaciones de izquierda y constituye el discurso explicatorio para la insurgencia armada.

Según el autor si bien esto es cierto para la segunda fase del Frente Nacional, para la primera fase no lo es. Divide entonces el periodo de la formula de restauración en dos periodos. El que va desde 1958 hasta 1972 y el otro que va desde 1973 hasta 1975. En el primer periodo cesa la violencia partidista, se relanza la reforma agraria, se disminuyen los litigios burocráticos, no se limita la participación de terceros partidos ni de organizaciones autónomas, resurge el sindicalismo, es periodo de grandes movilizaciones sociales y campesinas, y se entregan concesiones a los movimientos sociales. En la segunda fase la situación es explosiva de hecho y no de derecho, el periodo de monopolio de los dos partidos se prolonga quedando reducida la participación de terceros partidos. Es el periodo presidencial de Alfonso López que se caracteriza por descredito creciente, se desmonta el instituto de la reforma agraria, se permite la circulación de capitales dudosos y la apropiación del alza coyuntural de los precios del café por los mayores cultivadores.

En cuanto a la cuestión agraria el autor la considera como el trasfondo de las tensiones sociales desde 1920 hasta la fecha. En ella encuentra factores de continuidad: la concentración de la tierra, la apropiación de las tierras de resguardos indígenas y parcelas campesinas por parte de los grandes dominios, los fenómenos de corrientes migratorias que acompañadas de conflictos generaron violencia y la ausencia frecuente de títulos de propiedad. Factores de discontinuidad: las modalidades de movilización agraria evolucionan no existiendo entre ellas vínculos de tal forma que no se puede decir que las de los 60s tienen origen en las de los 20s y 30s y que de ellas se deriva la lucha armada. Solo reconoce como verdaderos movimientos campesinos los surgidos en el Sumapaz y en el Tolima entre el periodo 1925-1960 pues combina reivindicaciones sociales con identidades políticas comunistas y gaitanistas. El Frente Nacional diferencia mas al mundo campesino, ya no solo se trata del campesino como tal sino también del asalariado agrícola, del pequeño propietario, del campesino sin tierra, colonos estables e inestables. El problema de esta diferenciación proviene de la liberalización comercial, del reforzamiento de la agricultura capitalista, de la introducción de métodos más costosos, la competencia internacional y la reducción de la mano de obra asalariada. En 1980 el auge del cultivo de la coca genera una

diferenciación mas haciendo que el problema de la repartición de la tierra ocupe un segundo lugar y el de la seguridad el primero. Sostiene que en el país continúa prevaleciendo la ruralización de la vida política pues los mecanismos de poder tradicionalmente han descansado en las redes de control de la sociedad rural.

Frente a las responsabilidades yo comenzaría por citar su frase “en síntesis el poder del Estado había tenido que acomodarse a una privatización de la violencia”. En el fondo su argumento inicial pretende desmontar la legitimidad del surgimiento de la insurgencia desde lo social para encuadrarlo como juegos estratégicos desde lo político de concepciones vulgatas de las organizaciones de izquierda preconcebidas como instrumentales y su posterior expansión como juegos tácticos a través de captura de recursos ilegales con fines de aumentar su poder. Esto desde un lado de los actores en juego. Desde el lado del otro actor, el Estado Colombiano, recae la sindicación de terrorismo de Estado, de no satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Ahora se trata de demostrar que existen contextos en el cual los actores ajenos al Estado han propiciado el desmoronamiento del estado de derecho, de la precarización del Estado por acción planificada de sectores privados que agenciado la violencia han generado la ingobernabilidad que es necesaria resolver para devolverle al Estado el monopolio de la fuerza. En el periodo de la violencia los sectores privados ligados a los dos partidos tradicionales que sustituyendo la referenciacion a una ciudadanía común por una diferenciación política generaron la crisis social. En el periodo del Frente Nacional es el surgimiento de la insurgencia la que provoca la precariedad de la simbólica nacional y en los 80s en adelante la combinación perversa del narcotráfico, con las economías ilegales en rebatiña tanto de los paramilitares como de la insurgencia los que explican el acomodo del poder del Estado a la privatización de la violencia.

Sigue su argumento. Desde el punto de vista jurídico la responsabilidad del Estado es inevitable porque es indiscutible la participación de la fuerza publica y del ejercito en numerosos crímenes, pero desde el punto de vista histórico la acusación del Estado como terrorista es discutible puesto que primero es un Estado de derecho, democrático, no autoritario y no totalitario, y segundo porque no existe un plan preconcebido en él para que de manera sistemática se procure el exterminio de la guerrilla y de la población civil.

Los datos estadísticos que cita del RUV y del grupo de memoria histórica mas bien acentúa la responsabilidad de los paramilitares en masacres y asesinatos selectivos con un segundo lugar para la insurgencia, mientras que en secuestros y extorsiones el protagonismo es para la insurgencia, las fuerzas militares si están comprometidas pero su lugar no esta tan comprometido como el de las fuerzas privadas que ejercen violencia.

Si bien entonces las fuerzas armadas legales comprometen al Estado, el Estado lo ha reconocido y en uso de su legitimidad esta corrigiendo el problema como lo demuestra el hecho de que mas de 5000 de sus miembros esta siendo investigado. Pero lo que tiene claro estas cifras es que, aun

proviniendo de la institucionalidad, y que se pueden interpretar según su interés, es que el Estado esta aun mas comprometido, compromiso que no se puede ocultar con la supuesta relatividad de él bajo el argumento de la competencia en unos casos de los paras, narcotraficantes y de la insurgencia por recursos de la droga y de economías ilegales, y en otros de la colusión de los mismos por ellos. No lo demuestra. Mas bien si se demuestra la colusión del Estado con los paras y el narcotráfico con fines de financiar la guerra contra el pueblo Colombiano el hecho de las 5000 investigaciones y la impunidad que las rodea, los falsos positivos, la parapolítica, y el proceso de reinserción de las fuerzas paramilitares. Así vale la pena corregir dicha frase por la de que “el Estado Colombiano en uso legitimo del monopolio de la fuerza para combatir la insurgencia ha hecho uso de todas las formas de lucha, incluso las ilegales y que en este proceso no ha dudado en aliarse con el narcotráfico y el paramilitarismo, le a mentido al pueblo Colombiano, no se ha acomodado, ha acomodado las fichas de la violencia para lograr sus objetivos”

En cuanto a las victimas los datos que aporta de los citados habla de 7 millones de ciudadanos, a los que se les ha cometido 11751 masacres, se les ha hecho 22.161 atentados selectivos y se les ha despojado 5 millones de hectáreas de tierras. Lo común de las acciones armadas de los grupos ilegales es que se ejerce por y contra la población civil. Son las victimas.

Argumenta que la población civil en su mayoría la participación deliberada no es frecuente si bien en ciertas regiones se puede matizar su participación por simpatías ideológicas, por precaución, por conveniencia, por arreglos de cuentas personales, por acomodo al actor de turno, por defensa propia. La violencia proteiforme se ejerce en sus territorios sin su apoyo. Mas bien la población sometida a la regla del terror ha generado autónomamente o por mediación de la iglesia procesos de resistencia de tal forma que en territorios de dominio guerrillero hoy las denuncias contra ellas demuestran el cansancio de población, su rencor mas que contra los paramilitares que han generado mayores atrocidades. Y en ese sentido las fuerzas insurgentes han perdido la correlación de fuerza política.

Este argumento lo que esconde es que las fuerzas insurgentes nacen primero como resistencia al despojo y después como respuesta a un sistema injusto configurando una lucha de clases con fines de cambiar el sistema. Nace de la población civil organizada y que como agua se conjuga bien en armonía con el pez. Por ello en aras de la gobernabilidad la táctica era quitarle el agua al pez.