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Arde Barcelona. Pero también Santiago de Chile. Y Hong Kong. Y Quito. Y hasta hace poco París. Y múltiples focos de indignación a lo largo de este planeta en crisis ecológica, social y política. Las causas son diversas, pero las reacciones y el paso del movimiento pacífico al enfrentamiento con el orden establecido son muy similares. Reivindicación de salir del olvido de las regiones marginadas francesas. El precio del combustible en Ecuador. Aumento de tarifas del metro y la creciente carestía de la vida en Santiago. Demanda de derechos democráticos en Hong Kong. Lo común es que en ninguno de esos casos y otros muchos han existido canales políticos e institucionales para negociar: el Estado se ha cerrado en banda y la respuesta han sido los antidisturbios y el ejército. Empieza a tener sentido (y lo digo con tristeza) el análisis de mi reciente libro sobre la crisis de la democracia liberal, donde mostré que la gran mayoría de los ciudadanos no confían en los partidos políticos, no se sienten representados por parlamentos y gobiernos y piensan que la clase política en su conjunto está atrincherada en la defensa de sus intereses y de su corrupción. La democracia no existe, por muchas elecciones que se hagan, si no anida en la mente de los ciudadanos. Es esa confianza en las instituciones la que está siendo puesta en cuestión, induciendo, en primer lugar, nuevas alternativas políticas de izquierdas o derechas. Y cuando estas tampoco funcionan (porque las estigmatizan como populistas y van a por ellas las cloacas del Estado y los medios de comunicación), no queda más que la calle, las acampadas, las manifestaciones. Y a la violencia de lastropas de élite responden espontáneamente los que no pueden ya contener la rauxa –palabra catalana que siempre ha acompañado al seny cuando desborda el sentimiento de injusticia y faltan canales de expresión institucional–.

 

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