Carta abierta al Presidente de la República

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

 

PRESIDENTE SANTOS, NO MÁS GUERRA SIN CUARTEL

 

“Los intentos de las bandas por frenar la acción de las autoridades no detendrán la lucha sin cuartel contra estos grupos. Vamos con todo”[1]

 

Está bien que el señor presidente “vaya con todo” contra los paramilitares, llamados hoy bandas criminales, pero con reglas, con las reglas que regulan la conducción de hostilidades, porque fácilmente puede quedar incurso en un crimen de guerra o de lesa humanidad al advertir, en un acto de vanidad herida al sentirse en “jaque” por  los Urabeños, que realizaría una lucha o guerra (que en este contexto es lo mismo) sin cuartel.

Tal vez sus asesores no le han informado que la lucha sin cuartelrepresenta una serie de ataques con la orden de que no haya sobrevivientes, y que al ser impartida por usted, constituye una violación a las funciones constitucionales y legales que le competen como primera autoridad de la República.  Además, aunque en Colombia no hay pena de muerte, ésta es la segunda vez que usted ordena la guerra sin cuartel,pues al inicio de su gobierno la dispuso para la guerrilla, sin embargo en esa ocasión se leyó en la prensa como una interpretación del periodista que dio la noticia porque no se encontró la cita textual, diferente a la que registra el diario El Espectador[2].

Una manifestación pública de boca de un primer mandatario de un Estado dando la orden de realizar guerra sin cuartel puede producir consecuencias graves, con trascendencia internacional, y compromete de hecho su responsabilidad por los daños  que puedan ocurrir, tanto con la población civil y los bienes civiles como con la vida e integridad de los mismos combatientes que queden por fuera de combate,  porque cayeron heridos o presos, porque se rindieron o porque están enfermos. Una lucha sin cuartel constituye terrorismo de Estado. Por eso está absolutamente prohibido por el derecho internacional humanitario, “ordenar que no haya sobrevivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión”[3]. Así mismo, los daños derivados de la decisión del Presidente de la República podrían tipificar un crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, toda vez que realizar  guerra sin cuartel, haría parte de “un plan o política” del gobierno en la conducción de las hostilidades, de acuerdo a la definición establecida en dicho Tratado[4].

Si bien es cierto que en la práctica el conflicto armado en Colombia ha sido conducido la mayoría de las veces “sin cuartel” por parte del Estado[5], enmascarados ante la opinión pública como “actos del servicio” o con un eximente de responsabilidad como la “legitima defensa”, ya es hora que, consecuente con el reconocimiento que el gobierno hizo de la existencia del conflicto armado, las operaciones sean realizadas aplicando estrictamente la normativa humanitaria que es solo eso, humanitaria, o sea, conmiseración por el otro como un ser humano, cuando éste ya no representa un peligro por su condición de incapaz para seguir combatiendo.

Sin embargo, a pesar de que los mandos de las fuerzas armadas del Estado recitan de memoria todo el articulado del derecho internacional humanitario, no ha habido la voluntad de cumplirlo ni de castigar su vulneración. Por el contrario, pareciera ser que quieren ampliar la libertad que tienen de juzgarse a sí mismos por actos típicamente contra la disciplina militar, como también por el resto de conductas ilícitas de ocurrencia reiterada en el desarrollo del conflicto como las violaciones sexuales, los tratos inhumanos y humillantes, los homicidios por fuera de combate, el robo, el saqueo, etc., tal como lo intentan con la reforma al artículo 221 de la Constitución, el cual establecería que “todas las operaciones y procedimientos de la fuerza pública” sean consideradas “actos del servicio”[6], argumentando además que las autoridades civiles no  valoran las condiciones en las que se dan los combates y exigen cumplir la ley donde las circunstancias lo impiden.

La denuncia que ciudadanos mexicanos interpusieron ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón, altos funcionarios de su gobierno y hasta un capo del crimen organizado  en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, debe prender las alertas sobre el gobierno de Colombia en su lucha contra la insurgencia y contra los grupos paramilitares.

En efecto, el 26 de noviembre del año pasado, más de 27.000 ciudadanos, incoaron una querella ante la CPI en contra del titular del Ejecutivo Federal Felipe Calderón, los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de la Marina, Francisco Saynez, así como del presunto líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán por crímenes de guerra y de lesa humanidad,  por los hechos de barbarie  cometidos “en el contexto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada  y entre estos y las fuerzas policiales y militares del  Estado”[7]. Un expediente de 700 páginas contiene los hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que sustentan la denuncia y por supuesto alude a la responsabilidad individual de cada uno de los querellados.

La reacción del Presidente mexicano fue la de buscar la calentura en las sábanas y no en los hechos internacionalmente ilícitos, porque ha amenazado con “proceder legalmente” en contra de los querellantes, como si denunciar fuera un delito y no una obligación ética, sobre todo  cuando se trata de crímenes donde la sociedad humana esta legitimada para denunciar y exigir castigo, como ocurre con los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra o de agresión, donde todos los habitantes de la tierra somos las víctimas, porque se está lesionando la conciencia ética de la humanidad.

Señor Presidente Santos, sea consecuente con su promesa de desarmar la palabra y privilegie usted la captura de los delincuentes políticos y comunes por encima de la muerte de ellos, ofrezca recompensa  no por matarlos sino por detenerlos y ponerlos en prisión, tal como lo ha rogado el Obispo de Cali con referencia a la insurgencia. Facilite usted la liberación de los secuestrados en poder de la guerrilla. Actúe como se lo mandata el Estado de Derecho y la normativa internacional. Propicie un diálogo útil con la insurgencia y el sometimiento a la justicia, por cierto bastante laxa en este país, con los grupos paramilitares.

No se auto incrimine declarando guerra sin cuartel al estilo del ex presidente Uribe, quien por ignorancia o por arrogancia anda pregonando los bombardeos “contra los criminales”[8], como si no se tratara de seres humanos, de personas, sujetos de derechos.

Señor Presidente, si usted actúa políticamente en derecho, las víctimas tendrán la posibilidad de satisfacer sus derechos a la verdad y a la justicia, situación que contribuiría a avivar la esperanza de abrir caminos hacia una paz con justicia social.

Bogotá, enero 11 de 2012

Corporación Reiniciar