Comisión Histórica del Conflicto

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Dimensiones Políticas y Culturales en el Conflicto Colombiano

Sergio De Zubiría Samper

Preparado por Fernando Solano

Introducción

El Informe presentado por el filósofo colombiano Sergio de Zubiría Samper, es un ensayo de interpretación histórica del conflicto, en el cual desarrolla una formulación crítica de algunas tesis sobre estudios e interpretaciones ya realizadas sobre el tema. En su reflexión se destacan los tipos de sociabilidad y los efectos del poder; aportando, así, otra manera para comprender y discutir las relaciones entre conflicto, violencia e historia en Colombia.

Consideraciones iniciales

Debido a su carácter excepcional, para una aproximación al proceso inédito de conversación entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno Santos, el autor convino en evocar y hacer explícitos un conjunto de factores para dar inicio a su reflexión. En cuanto a su manera de analizar el conflicto armado y social colombiano, considera que “en épocas de crisis, es urgente el llamado a la teoría y resaltar que una investigación histórica sin contenido conceptual podría ser cómplice de la perpetuación de la barbarie. Ningún trabajo histórico puede estar al margen de los desarrollos filosóficos, de los debates políticos, de los métodos o de las reflexiones, que otros saberes hacen sobre lo social y lo humano”. Anejo a lo anterior, rememora la constante evocación del filósofo colombiano Guillermo Hoyos, de exigir a las ciencias un diálogo constante con la reflexividad crítica de la Filosofía, apelando de esta manera a uno de sus referentes teóricos, Max Horkheimer, quien afirmaba que “el desprecio de la teoría es el inicio del cinismo en la vida práctica”. Su ensayo de interpretación histórica es también una reflexión complementaria a las investigaciones ya realizadas, su singularidad radica en que pendula entre las tesis teóricas y el tiempo histórico, respondiendo esta decisión metodológica a una decisión práctica: “la finalidad de la comprensión del conflicto es su transformación”.

Es relevante decir que, Sergio De Zubiría Samper, enfatiza trasversalmente en una “solución política reflexiva, permanente y consensuada del conflicto social armado colombiano”, y, para tal efecto, advierte la “necesidad de memorias hermenéuticas y laboratorios de paz” con el fin de asumir urgentemente nuestros relatos históricos. Por último, se debe mencionar en esta introducción que el autor les otorga especial relevancia a las víctimas en el proceso de negociación, en la medida en que considera que sus voces “han  adquirido centralidad y visibilidad, como condición ineludible y previa de su finalización”.

Fuentes y presupuestos teóricos

El autor considera que las facetas del conflicto son múltiples, lo cual significa que no es posible una explicación unicausal o monocausal, pues para él existen elementos estructurales que remiten a la totalidad de la estructura social colombiana, de modo que, su enfoque se fundamenta en la multiplicidad de causas, razón por la cual se encarga de acentuar, específicamente, los factores políticos, ideológicos y culturales, para subrayar su “multidimensionalidad y complejidad”. Dicho lo anterior, para aproximarnos a tales dimensiones o factores, su Informe toma las siguientes unidades de análisis: construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto; poder político, estructuras de participación política, partidos y emergencia de proyectos alternativos; carácter y actitud frente a las reformas sociales; concepciones y prácticas de la modernización capitalista; elementos de la cultura política; entre otros factores culturales del contexto del conflicto social armado.

Enfoque

Para analizar el conflicto colombiano, el autor plantea tres periodos de larga duración. El primer periodo lo ubica entre las décadas del treinta y cincuenta del siglo XX (aproximadamente 1929/30 a 1957/58). La segunda fase, entre los años sesenta y ochenta del mismo siglo (1958/62 a 1989/91). La tercera, entre la última década del siglo XX y las primeras décadas del XXI (1992 a 2012/14). Ahora, para una clara presentación de su reflexión, el autor dedica a cada una de estas etapas un capítulo en sus componentes políticos, ideológicos y culturales, pero que, por límites de extensión, no se abordará en el presente intento escrito de abarcar lo fundamental de su informe. A su vez, instala su informe en una atmósfera cultural y moral que aspira a transformar el conflicto armado en un conflicto político, pero al mismo tiempo “reconoce, con el gran filósofo del pensamiento utópico, Ernst Bloch, que “cuando se acerca la salvación, crece el peligro””.

Cierre del Universo Político, Límites del Reformismo y Violencia Estatal

El autor considera conveniente comprender el conflicto social y armado colombiano como un todo, por esta razón, para nuestro propósito de plasmar las consideraciones acerca de la Cuestión agraria, la valoración del Frente Nacional y las responsabilidades del Conflicto, fue preciso esbozar un semblante de la etapa que considera el autor como inicial, el periodo de 1929/30 a 1957/58, dado que “en este largo periodo se deciden factores determinantes del modelo capitalista de desarrollo, el carácter de nuestras instituciones estatales, las relaciones inter-partidistas, los límites del reformismo, los grupos de poder, algunos rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de nuestras identidades culturales”.

Específicamente, de este periodo aborda críticamente las lecturas colombianas sobre los nexos entre construcción del Estado y conflicto social armado, sin olvidar que éstas remiten a concepciones y diagnósticos bastante divergentes. Consecuente con ello, el autor encuentra implícitos algunos consensos:

El primero, la importancia otorgada en las investigaciones históricas a los procesos de construcción del Estado y su influencia en los territorios y poderes locales, como causa importante para la comprensión del largo conflicto colombiano. Segundo, el reconocimiento de que su carácter de proceso implica avances, retrocesos, crisis, estancamientos, desintegraciones y direcciones divergentes. Tercero, que las tensiones, limitaciones y dificultades empezaron hace bastante tiempo, aunque no existe consenso sobre su fecha. Cuarto, la conciencia de que el proceso colombiano de construcción del Estado tiene rasgos peculiares, que hacen imposible asimilarlo a la historia europea o latinoamericana en general. También divergentes son las concepciones sobre la naturaleza del Estado moderno, inspiradas en distintas tradiciones filosóficas.

Ahora bien, en vista que el Estado se ha entendido como: “monopolio legítimo de la violencia, factor determinante de la cohesión e integración social, unidad del interés particular y general, instrumento de clase, superestructura jurídica, forma de las relaciones sociales, conjunto de instituciones, sistema de dominación política, entre muchas otras”, el autor advierte que “en Colombia, a esta diversidad se suman, cuando se trata de la investigación histórica sobre Estado y Conflicto, diagnósticos como “abandono”, “colapso parcial”, “precariedad” y “presencia diferenciada””, por ello De Zubiría no se reserva su objeción ante esta cartografía o taxonomía, pues la considera de “carácter provisional y esquemático”, dado que, desde su enfoque, dichos planteamientos son mucho más complejos que lo expuesto en la literatura tradicional del conflicto colombiano.

Ante el diagnóstico del “abandono estatal”, por ejemplo, el autor discrepa de esa noción porque se ha configurado como causa estructural y motivo de la persistencia del conflicto social armado, siendo que, según él, “[l]as falencias mayores de este enfoque son: la suposición de la naturaleza del Estado como algo físico presencial; la tendencia a concebir la sociedad como un campo pasivo o de relaciones paternalistas con el Estado; la reducción de lo estatal a la existencia de instituciones; y, la suposición de que, el Estado –a causa de su “debilidad” – tiende a convertirse en una víctima de los denominados “actores ilegales o armados””.

Frente la tesis del “colapso o derrumbe parcial” del Estado, afirma que no comparte dicha noción porque no tiene que ver con debilidad o abandono, pues el “colapso” lo que hace es “preservar la suposición del Estado como una naturaleza física e institucional exclusivamente”.

Ahora bien, desde su enfoque, afirma que es necesario recuperar una tradición crítica de la teoría del Estado postulada por autores como Fernando Rojas, Víctor Moncayo, Francisco Leal, entre otros, dado que estos teóricos “establecen niveles de análisis, en cuanto forma de relaciones sociales capitalistas, intervención en la producción y reproducción de la relación capital/trabajo, y expresión política de las relaciones de poder y las luchas sociales”. Los destaca, además, porque su enfoque hace parte de una importante tradición académica latinoamericana que “va más allá de la perspectiva exclusivamente juridicista e institucionalista del Estado”. Aspectos relevantes de esta perspectiva son: subrayar el carácter histórico del forma Estado; la naturaleza del Estado como una relación social de fuerzas y no simplemente como un “objeto” o unas “instituciones”; en donde el Estado desempeña “un papel decisivo en las relaciones de producción y en la lucha de clases, estando presente ya en su constitución, así como en su reproducción”.

En consecuencia, el autor toma como causas estructurales relevantes en este tiempo histórico del conflicto social armado, a nivel político y cultural, tres dinámicas sociales: el tipo de proceso de formación del Estado nacional; la concepción y limitaciones del reformismo, y el cierre gradual del universo político.

De la cuestión agraria

El autor reconoce la relevancia del problema agrario en el conflicto social y armado colombiano, tal como lo hace el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien lo considera el “corazón” del conflicto colombiano: “la tierra está en el corazón del conflicto colombiano. No solo porque nunca se hizo una verdadera reforma agraria, y la tierra sigue siendo una promesa incumplida para buena parte de los campesinos, sino porque no se ha podido modernizar la tenencia y uso de los recursos naturales”.

Desde su crítica a la concepción y formación del Estado colombiano, devela que las reformas desencadenadas en Colombia (por ejemplo, la planteada por la República liberal) tienen que ser evaluadas en sus contenidos y relaciones intrínsecas, dado que, en general, si bien algunas expresan un espíritu “modernizante”, fracasan “por los avatares de la historia y por la actitud de resistencia al cambio de la estructura socio-económica de los sectores dominantes y privilegiados de los partidos tradicionales”.

La reforma más discutida en Colombia, dice el autor, tanto por su concepción como por sus efectos de contención de una verdadera solución a la problemática agraria, es la Ley 200 de 1936, pues en última instancia “esta legislación reafirma el concepto de propiedad y establece dos formas para constatarla: o por la destinación económica o por el registro. En el primer caso es determinante que los predios estén explotados económicamente, y si esto no se comprueba, las tierras deben revertirse al Estado al cabo de diez años. La denominada “función social” de la propiedad se limita al criterio capitalista, es decir, que sea explotada económicamente, y no alude a funciones cooperativas o comunitarias. El propósito central de la Ley no es redistributivo, sino el aumento de la productividad y la legalidad de los títulos”

Así, el autor conviene en afirmar que, en el caso colombiano, “las reformas se proponen desde el Gobierno, sin tener en cuenta los reclamos campesinos, y es por eso que estas reformas no avanzaron en función del campesinado sino en función de la clase latifundista y burguesa”, al observar que dichas reformas “lograron acelerar la incorporación de la tierra al sistema capitalista de mercado”. Apuntala esta observación diciendo que “no solo fueron tímidas y poco profundas las reformas agrarias propuestas por los gobiernos colombianos, desde la década del treinta hasta el presente, sino que realmente nunca ha existido un interés profundo por consolidar una reforma agraria que afecte los privilegios de la estructura de la propiedad privada sobre la tierra”.

Ahora bien, para el autor la cuestión agraria reaparece, de una forma espectral, en el Frente Nacional, pero percibe que una vez más se intenta persuadir la protesta erigida a propósito de la problemática del campo en Colombia. Recuerda en su informe cómo los gobiernos de los Lleras (1958 -62 y 1966 - 70) parecen enfrentar este fantasma, pero como en los años de López Pumarejo, su evaluación es bastante problemática, en vista que “la Ley 135 de 1961 creó expectativas por sus alusiones a la “concentración de la propiedad rústica, pero la lentitud legalista en su implementación la fue convirtiendo en inoperante”; ante tal ineficacia, el autor recuerda que el gobierno de Lleras Restrepo intentó actualizarla nuevamente reformándola en 1968 para atender las demandas de arrendatarios y aparceros; sin embargo, por los resultados encontrados, el autor sustenta que lo ocurrido allí fue la legalización de una “contra-reforma agraria”, al recordar que en 1971 se habían podido expropiar tan sólo el 1% de las superficies legalmente afectables. En el futuro más próximo, “el gobierno de Pastrana (1970 – 1974) suspendió cualquier distribución de tierras y, en 1972, los dos partidos acuerdan abandonar del todo los proyectos de reforma agraria, para, mediante las Leyes 4 y 5 de 1973, legalizar más bien una contra-reforma agraria”.

Consideraciones acerca del Frente Nacional

En el apartado titulado “Estado Particularista, Modernización contra Modernidad y Protesta Social (1958/62 –1987/91)” el filósofo Sergio de Zubiría Samper aborda lo atinente al Frente Nacional. Para De Zubiría, la evaluación y valoración de la etapa histórica denominada como Frente Nacional es de suma importancia no solo para la memoria no manipulada sino para el futuro político del conflicto social armado. Es consciente que existen profundas divergencias en su diagnóstico, en sus consecuencias políticas y hasta en su periodización, mas considera que el codominio partidista y el ambiente internacional acentuaron en el Frente Nacional “la represión contra las disidencias políticas, los partidos de oposición y los movimientos sociales autónomos; como también se persiste en la cooptación y el clientelismo”. Los datos que presenta en su informe el autor acerca de la represión son contundentes: de los 192 meses de duración del Frente Nacional, 126, es decir, 2 de cada 3 meses, se vivieron bajo Estado de sitio; como si fuera poco, en los registros de los periódicos aparecen 4.956 asesinatos de dirigentes populares, lo que equivale a cerca de uno diario.

Desde una visión panorámica, su informe señala que el periodo denominado Frente Nacional se enmarca en “un momento planetario altamente polarizado con rasgos manifiestos de maniqueísmo en el campo político” y fue así como se enarboló “un “nuevo enemigo”: los terceros partidos, los sindicatos clasistas, el Socialismo y el Comunismo”. Ante tan compleja coyuntura, recuerda “la magistral y preocupante afirmación de Gerardo Molina, para toda nuestra historia política: “Colombia ofrece la particularidad de que antes de que hubiera socialismo ya había antisocialismo””.

Adicionalmente, acudiendo al historiador Álvaro Tirado Mejía, coincide en afirmar que “su naturaleza política y social (la del Frente Nacional) era un mecanismo para evitar, pero no para innovar; para mantener, pero no para avanzar; para evitar que un partido tomara la primacía independientemente de su respaldo electoral; para lograr un consenso que, a la postre, se convirtió en paralizante”. Destaca de Tirado, así mismo, cómo en ese periodo se evidenció “el incremento de las desigualdades paradójicamente en medio de mayor riqueza, la “desandinización” del país, la intensificación de la urbanización, la secularización y la crisis de la ética religiosa, los cambios en la educación y la expansión de la economía transnacional de las drogas ilícitas”. Rememora que en el Frente Nacional existió una especie de “abismo o desfase entre un sistema político para la “contención” y una vida social dinámica y conflictiva, que ha desencadenado una crisis general prolongada, de la que aún no hemos podido salir”.

Plantea la tesis según la cual el Frente Nacional fue un “Estado Particularista y anti-democrático”, dado que, por vía constitucional y plebiscitaria, “los privilegios otorgados al bipartidismo van convirtiendo al Estado en un mediador y representante exclusivo de intereses particulares y gremiales”; esto porque, siguiendo las palabras de Mauricio Archila, “la perpetuación del uso de la violencia estatal se acompaña con el afianzamiento del poder económico y político en grupos sociales cada vez más restringidos. [Así], en esta etapa histórica se consolida un Estado, “particularista” o “privatizado””.

Recuerda, también, al investigador Alfredo Vázquez Carrizosa, quien señala que el Frente Nacional ha legado unos problemas estructurales a la sociedad y al Estado colombiano, que se condensan en una triple crisis: de legitimidad, de representación e institucional. Veamos cómo: “La crisis de legitimidad, en este periodo, es producida por dos fenómenos complejos. El primero, es haber convertido en fórmula única y total de gobierno al bipartidismo liberal-conservador, en una sociedad política que ya contenía liberales disidentes como el gaitanismo, partidos de izquierda autónomos y movimientos campesinos insurgentes. El segundo, la falta de verdaderos partidos políticos de masas obligó a estos, para su sostenimiento, a acudir a un doble sistema de clientelas: por un lado, las políticas de los “dueños de los votos” en la regiones; y por el otro, un clientelismo de “alto nivel” para copar las altas posiciones del Estado, que aparecen como “intereses públicos” cuando son exclusivamente intereses particulares” recordando con ello que ambos procesos han generado una profunda crisis de legitimidad del Estado y de los partidos políticos.

En Carrizosa se apoya para afirmar que “la crisis de representación se personifica en la ausencia de una política social clara durante el Frente Nacional. Con base en una visión “desarrollista” ingenua, se estima que el simple avance industrial y el crecimiento económico traerán desarrollo laboral y justicia social”. Como muestra de este descuido por parte del Frente Nacional, De Zubiría presenta dos manifestaciones que son: de un lado, el tratamiento despectivo del mundo sindical y, de otro lado, las propuestas “reformistas” en el ámbito social, ausentes o demasiado débiles.

En suma, el pacto bipartidista del Frente Nacional lo considera como “una marca indeleble en todos los momentos de esta etapa” del conflicto social y armado colombiano, ya que en dicho periodo se profundizó la crisis de legitimidad, la crisis de representación y la crisis institucional del Estado y del sistema político colombiano; y bajo estas características, denomina al Frente Nacional como el periodo de la “república permanente del estado de sitio”. El autor evidencia que durante el Frente Nacional las diversas manifestaciones del descontento y la protesta social se incrementaron, y como si fuera poco, recuerda que no solo los canales institucionales para enfrentar la protesta social estaban bloqueados, sino que el terrorismo de Estado comenzaba su expansión en la vida social.

Por ello, para el autor, “el estado de sitio se utilizó para afianzar el control político de un grupo en desmedro de los rivales, ya sean los últimos concebidos como enemigos o adversarios”; considerando relevante en este periodo del Frente Nacional, como causas acumulativas del conflicto social armado, a nivel político y cultural, tres dinámicas sociales: la degradación del Estado a un ámbito “privatizado” o “particularista”; la expansión del terrorismo de Estado; la extensión de ideologías contra-insurgentes y anticomunistas; la imposición de un proyecto de “modernización contra la modernidad”; y, un nuevo aplazamiento o supresión de las reformas sociales por vías de la dominación, violencia, estados de excepción y represión de las luchas sociales.

En cuanto a la responsabilidad de dicho periodo, el autor es claro en adjudicársela al bipartidismo, a través del pacto frentenacionalista, por haber “convertido al Estado en un mediador y representante de los intereses particulares y gremiales, produciendo una degradación de sus funciones de carácter general y profundizando la crisis de legitimidad, de representación e institucional del Estado”.

Coda

Sobre la Modernidad en Colombia y el Frente Nacional

A propósito del Frente Nacional y de sus efectos en el conflicto colombiano, sostiene que la imposición de un precario y confuso proyecto de “modernización” ha tenido dos consecuencias devastadoras en el proyecto moderno colombiano: por un lado, ha limitado la modernización real de la sociedad y del Estado; por el otro, ha incentivado una “modernización” contra la modernidad filosófica, ética, política y cultural.

En relación a lo anterior, expone un apartado titulado “Modernización contra Modernidad” en el cual sostiene que el pacto político bipartidista y su conversión del Estado particularista y violento, también tuvo severas consecuencias en la concepción del proyecto de la modernidad. De manera pedagógica, De Zubiría recuerda que para las Ciencias sociales latinoamericanas, las relaciones entre “modernización”, “modernismo” y “modernidad” han sido un problema y tema de estudio recurrente. En términos generales, explica que aunque existen muchos matices, “la “modernización” ha sido comprendida como un proceso de transición y cambio en las estructuras de la economía y la sociedad; el “modernismo” entendido como transformaciones en el campo cultural, los valores y la concepción del mundo; y la “modernidad” como la articulación total de los dos procesos anteriores”.

Explica en su informe que a partir de la década del sesenta, en Colombia, “la modernización empieza a ser concebida como industrialización, sustitución de importaciones y fortalecimiento del Estado; mientras en la década del ochenta del siglo XX, comienza a identificarse con inmersión en el mercado global, innovación tecnológica y transnacionalización”. Concluyendo que, en el periodo analizado, “la modernización comienza a colonizar a la modernidad”. Afirma que los proyectos constitutivos de la modernidad empiezan a ser aplazados, suprimidos o reducidos a modernización; en esta concepción se apoya en el pensador García Canclini, quien considera que los movimientos básicos del proyecto de la modernidad, son: un proyecto emancipador, un proyecto expansivo, un proyecto renovador y un proyecto democratizador. “La dimensión emancipatoria remite a autonomía, crítica, secularización, autoexpresividad, subjetividades, identidades, etc. El ámbito expansivo, a la extensión de la educación, el conocimiento, la técnica, el consumo, etc. El campo renovador a mejoramiento, innovación, apertura, cambios, etc. El proyecto democratizador a Ilustración, participación, igualdad, justicia, etc.”.

El filósofo Sergio de Zubiría, al hablar de los análisis de la Modernidad en Colombia, al evocarlo hace un homenaje a uno de sus maestros, el filósofo colombiano  Rubén Jaramillo Vélez, quien junto a la producción intelectual de Leal Buitrago y Santana, se destaca por sus investigaciones sobre las dificultades de “nuestra modernidad”. En cuanto al esfuerzo de Santana, reconoce De Zubiría, estriba en que se centra en las consecuencias devastadoras que el pacto frentenacionalista ha tenido para el ejercicio de la Democracia, y que manifiesta una ausencia de proyección democrática en las clases dominantes, una especie de “pánico de contagio” con la democracia. “Un pacto de cohabitación excluyente, que inicialmente fue por 16 años y que, con la aplicación del artículo constitucional de la participación “adecuada y equitativa” del partido que siguiera en votos al del Presidente, pudo prolongarse burocráticamente por 28 años”.

Resalta que de esta manera “se impone una concepción de democracia “restringida” y “acomodada” a los intereses de los dos partidos y de los sectores económicos que estos representan, que se expresa en acciones, como desconocimiento de los derechos políticos de otros partidos y movimientos sociales, una política de contención más que de desarrollo y la “despolitización” de la educación pública, al confundir “despartidizar” con “despolitizar””. También destaca de la investigación de Santana, dos consecuencias, que califica de “graves” para la democracia: “La primera, la legitimación de formas de violencia política para el control del poder, y la segunda, nunca pudo reconciliar la “sociedad civil” con el Estado, problema que, con otras categorías, se denominaría el abismo entre el “país político” y el “país nacional”, o entre el “país formal” y el “país real””.

En cuanto al maestro Jaramillo Vélez, le reconoce su aguda consideración acerca de la ausencia o postergación de la modernidad en Colombia, para señalar que es un elemento con consecuencias éticas y políticas de inmensa gravedad. Entre los ejes de reflexión de Jaramillo Vélez sobre la modernidad, el autor Sergio De Zubiría le subraya: “primero, sostiene que el proyecto de “modernización” en nuestro medio nace limitado por altas dosis de precariedad, que lo condenan a la “postergación” de su experiencia plena. Por un lado, no responde a transformaciones reales en la base económica, sino a ideologías de grupos intelectuales elitistas con ciertos rasgos de “imitación” de las modas europeas. Por el otro, se conforma con una negación aparente del mundo católico (“catolicismo ultramontano antimoderno”) y neobarroco impuesto por la Colonia. El segundo, frente a la “trilogía” del proyecto moderno, hemos privilegiado la “modernización”, y escasa y tardíamente, y solo por momentos, y en forma separada, nos hemos preocupado por la “modernidad” y el “modernismo””.

Dice Jaramillo: “Somos una especie de discursividad “modernizante”, sin una experiencia plena de la modernidad. La ausencia de procesos democráticos genuinos, los límites de la universidad pública, los déficits profundos en efectividad de los Derechos Humanos y el “naufragio” de la sociedad civil, son síntomas constatables de esta patología. Este “vacío” o “naufragio” se inició con el magnicidio de Gaitán y aún no hemos podido superar esa herida trágica”. Y continua De Zubiría, secundando las ideas de Jaramillo cuando afirma que: “En la “peculiaridad idiosincrática” colombiana, este rasgo es llamado con agudeza por el pensador quindiano una “modernización en contra de la modernidad”; es decir, va más allá, no se trata de “modernización sin modernidad”, sino de “modernización en contra de la modernidad”. Su característica es convivir con la industrialización, la urbanización y avances en la infraestructura, sin transformar un ápice la concepción tradicionalista y elitista del mundo”.

El tercero factor que le reconoce a la reflexión de Jaramillo está en la dirección de la “peculiaridad idiosincrática” que “nos obliga a diferenciar entre “clases dominantes” y “clases dirigentes”, para comprender extensos periodos de la historia colombiana. Las “clases dirigentes” en el sentido de la “hegemonía” gramsciana implica la dirección política y cultural de un grupo social sobre otros segmentos sociales; tiene que ser un proceso que impregne la subjetividad de los actores sociales, conquistando sus ideas filosóficas, morales, educativas y culturales. Las “clases dominantes” se orientan  exclusivamente por la preservación e intensificación de la dominación y abandonan esa dirección ideológica por el predominio de los intereses de lucro”. Para el filósofo Jaramillo, “en Colombia han existido largos periodos de “clases dominantes”, pero muy escasos de “clases dirigentes””.

 

En síntesis, el autor presenta los siguientes y específicos efectos sobre la población y sobre la sociedad en su conjunto, respecto a las causas estructurales generadas por el Frente Nacional: a) Se expande la sensación y percepción que el pacto frentenacionalista es un privilegio para los representantes del bipartidismo, porque el Estado y la política les pertenecen sólo a los partidos tradicionales; b) Se profundiza la crisis de legitimidad, representación e institucional del Estado, como también la “normalización” del estado de sitio y la represión a la protesta social perpetúan el ciclo de las violencias; c) Se cierra la posibilidad de construcción de relatos, imaginarios o mitos fundacionales de un posible Estado-nacional colombiano; d) Se presentan profundas confusiones en todos los sectores sociales sobre la experiencia plena de la “modernización” y la “modernidad”, que limitan la configuración de una modernidad auténtica en las dimensiones filosófica, ética, política y cultural; e) Se configuran dos sociedades, dos países, dos mundos, con experiencias escindidas y abismales, que algunos investigadores denominan “país real” o “país formal” o “país político” y “país real”; f) Se presentan cierres profundos de la participación política y democrática.