Semanario

De Medicina Legal

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Escrito por ÁLVARO BOTERO, CORRECTOR DE ESTILO Martes, 21 de Mayo de 2013 10:46

 

 

Señores

Asociación Colombiana de Psiquiatría

El grupo de Psiquiatras de la Regional Bogotá del INML ha venido llevando a cabo una serie de acercamientos a las distintas administraciones desde hace aproximadamente 10 años con el ánimo de encontrar soluciones a una gravísima situación tanto administrativa como operativa, que ha venido complicándose con la implementación del nuevo Sistema penal acusatorio. Nuestro ánimo ha sido el de recobrar cierta normalización del trabajo, que con el paso del tiempo ha venido haciéndose más difícil, debido al avance de las ciencias jurídicas, el mayor acceso a la justicia de la población en general, las nuevas exigencias planteadas al aparato judicial como la Ley de Justicia y Paz y las novedosas y más desarrolladas normativas alrededor del delito sexual y violencia intrafamiliar las cuales están respaldadas por políticas más democráticas y tendientes a garantizar y tutelar derechos de víctimas e investigados. Esto ha requerido que brindemos nuestro mayor esfuerzo en el auxilio a la justicia a través de la aplicación de la psiquiatría y psicología forenses para lo cual hemos desarrollado protocolos, guías e incluso hemos formulado proyectos de cooperación interinstitucional.

La violencia ha acompañado la existencia humana a lo largo de toda la historia, todas las formas conocidas de violencia desde aquellas que acompañan a la enfermedad mental, hasta producidas en las guerras, han sido atendidas en nuestros consultorios como acontecimientos comunes. Sin embargo, estamos conscientes que enfrentamos cada vez formas de violencia más sofisticadas, acorde con las condiciones sociales y políticas del país. Esto ha hecho que el servicio de psiquiatría forense se convierta en un escenario en el que el país puede mirarse. Si bien esta práctica nos ha formado como sujetos comprometidos y disciplinados en cuanto a regresar a la sociedad el sentido perdido con cada acto destructivo que atendemos, también hemos recibido el impacto emocional y físico que ha sido reconocido por la ARP como de alto riesgo psicosocial.

Realizar un dictamen requiere de una dedicación de más de las nueve horas laborales contando con que algunos de los casos son llevados a juicio, lo que recarga esta cifra. El proceso implica lectura de expedientes, revaloración de las solicitudes, entrevistas, elaboración del dictamen, redacción, mecanografía e impresión de aproximadamente seis folios diarios. Las audiencias implican largas esperas, viajes, algunos de ellos a zonas de difícil manejo de seguridad para lo cual tenemos que desatender responsabilidades de otro tipo en nuestras casas y en otros trabajos, además de que se interfiere con la cotidianidad de las citas y elaboración de informes.

La Institución comprometida en manejos administrativos de calidad y con graves problemáticas de presupuesto, no se encuentra en sintonía con los mismos objetivos que planteamos los médicos psiquiatras. Esto alcanzó por ejemplo, un grado máximo de desatención cuando alarmados por el tipo de prácticas llevadas a cabo por el llamado falso psiquiatra el señor Camilo Herrera, acudimos insistentemente a cinco directores sin que fuésemos escuchados. La respuesta que obtuvimos fue que este sujeto era inamovible y sólo hasta cuando nosotros mismos presentamos pruebas que encontramos casualmente, se tomaron las acciones que todos conocen.

Desde hace varios años insistimos en comunicaciones formales y conductos regulares con cortas o extensas solicitudes, algunas de ellas destinadas a mejorar la atención de menores y víctimas que no pueden seguir siendo atendidas en las condiciones actuales de tiempo y de lugar. Otras, destinadas a hacer un abordaje distinto en los estudios de investigados por delitos con perfiles muy complejos que requieren elaboraciones de igual complejidad, destreza y cuidado; por ejemplo, la elaboración de un dictamen que de alguna forma puede ayudar a resolver la situación jurídica de un individuo en el contexto de una condena larga debe ser resuelta con sólo 45 minutos de contacto poniendo al máximo el riesgo de errores. Tampoco podemos continuar atendiendo niños sin las mínimas condiciones de dignidad en un ambiente en el cual los olores de la morgue inundan la totalidad de los espacios físicos, en consultorios en los cuales se pueden hacer daño con el mobiliario y expuestos en una sala a hombres fuertemente armados, personas esposadas, enfermos mentales, discapacitados físicos y público en general.

Este maltrato devenido de las limitaciones institucionales no ha recibido soluciones, tampoco han recibido soluciones nuestras solicitudes de estudio de carga laboral. Al respecto debemos señalar que tenemos cargas excesivas las cuales han sido sistemáticamente señaladas a todo director regional, jefes de servicios forenses y directores. Debido a que las administraciones insisten en una llamada oportunidad a la justicia nos vemos obligados a atender 1,2 casos diarios desde hace solamente unos cinco meses pues veníamos atendiendo 1,6 desde hace más de 10 años. Para dar una idea de la carga laboral excesiva consideremos que en este momento cada uno de los psiquiatras forenses tiene un atraso de un promedio de 30 casos. Debemos además abrir espacio para casos de tutela y las llamadas urgencias algunas de las cuales están claramente relacionadas con un tráfico de influencias pues las citas como es de público conocimiento en el servicio, se están dando a varios meses.

Intentamos en la brevedad de tiempo y síntesis de esta comunicación reiterar que las tensiones producidas por el trabajo sin ningún tipo de solución han venido escalándose al punto que nuestras solicitudes se han hecho sistemáticas y reiterativas buscando formas novedosas, simbólicas de comunicar a la administración esta intolerable situación. Les hemos mencionado que tenemos los salarios más bajos en el mercado de la medicina ganando solamente $20,000 por hora habiendo invertido como mínimo 12 años de estudios universitarios. Les hemos mencionado también que hemos asumido grandes riesgos al atender en tan precarias condiciones situaciones muy delicadas de la justicia, exponiéndonos incluso al acecho de examinados, amenazas, sufragios, e investigaciones disciplinarias.

Con la intención de hacernos notar, de ser recibidos y atendidos en una interlocución seria acudimos a actos simbólicos como el disfrazarnos con una nariz y sombrero de payaso, o colgar un muñeco con la soga al cuello sin que estas simbólicas protestas hayan hecho mella en la actitud indiferente e impotente desplegada por la administración. Por el contrario, a pesar de no tener ninguna capacidad de solución, las directivas han reaccionado con actos de represión al punto de suspender el contrato de una de las psiquiatras del grupo, que encuentra en ella un baluarte para el desarrollo de la psiquiatría forense. Esta psiquiatra llevaba ya cuatro años trabajando en el Instituto. Cabe recordar en este punto que la capacitación de un funcionario psiquiatra se lleva como promedio dos años, constituyéndose en una verdadera subespecialidad, de manera que esta pérdida no podrá ser resuelta ni con el nombramiento de varios psiquiatras pues este nuevo entrenamiento se constituye en una carga mayor para quienes hacemos las capacitaciones y tenemos al mismo tiempo que dar cuenta de la carga laboral asignada.

Resulta aberrante entonces que solicitando que se aparte del cargo a quien resultó un falso psiquiatra se nos niegue, pero si se actué de forma impulsiva y visceral contra quien demostró altísima calidad en su trabajo, teniendo a su cargo el desarrollo de un proceso de atención interinstitucional a niños en tutela del Estado, a quienes con este acto se les priva de soluciones y oportunidades de ser acogidos y pensados como valiosos, parece que con un acto de estos se dijera, son solo niños -pueden esperar-.

Primó entonces en este caso, la necesidad de retaliación relacionada con el acto simbólico ya mencionado, de manera que la administración nos muestra que finca su autoridad en la capacidad de reprimir sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la Institución. Conocemos de las prácticas totalitarias y despóticas encubiertas en un manejo del tipo “garrote zanahoria”, mediante el cual al tiempo que nos amenaza con investigaciones nos insta a que sin ninguna descarga laboral, gestionemos y planeemos lo que la administración tiene que hacer. Entendemos entonces que lo que debemos esperar es un sometimiento con renuncia a las mínimas aspiraciones de conservación, de mejoramiento de las condiciones laborales y a las soluciones para llevar con dignidad los casos de nuestros examinados, enrareciendo y extinguiendo poco a poco, la práctica de un oficio altamente calificado y reconocido internacionalmente.

Estamos acudiendo a otras instancias con el fin de hacer visible nuestra situación y vincular a otras instituciones relacionadas con nuestro que hacer, a que aporten soluciones de fondo a una situación soportada por demasiado tiempo. Por nuestra parte estaremos en alerta y desarrollando actividades simbólicas y tomando determinaciones sobre carga laboral ya que a nadie se puede obligar a lo imposible así mismo estamos pensando en un nuevo modelo de atención en el marco de brindar el tiempo suficiente a las entrevistas y elaboraciones argumentativas de cada caso tal como lo merecen cada uno de nuestros examinados, esperamos el respaldo en este sentido ya que nuestra práctica se basa en los mismos principios científicos y de dignidad.

Finalmente, la actual administración nos ha comunicado que no tiene ninguna posibilidad de introducir cambios favorables, encontrándose “maniatada”, tal como nos lo han comunicado verbalmente de forma muy explícita. Optamos pues en la misma línea de la comunicación simbólica, por la reelaboración de un muñeco suspendido de una soga que colocamos en la puerta principal de entrada al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Grupo de psiquiatría y psicología

 

 

DECLARACIÓN POLÍTICA

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN, COLOMBIA Viernes, 16 de Noviembre de 2012 20:19

DECLARACIÓN POLÍTICA


FORO SOCIAL COMÚN PARA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Bogotá, plaza de Bolívar, noviembre 15 de 2012

Nos reunimos en foro social común popular para ratificar nuestra voluntad férrea de contribuir con la reconciliación y la construcción de la paz con justicia social. Se ha abierto un proceso en el país que debe conducir a la solución política al conflicto social, político, económico y armado; lo saludamos y le apostamos porque tal propósito no es viable, ni legítimo, ni duradero si no se garantiza la participación social popular.

No estamos reclamando un silla en la mesa de diálogos iniciada en la Habana entre el Estado y las FARC - EP, ni en el eventual proceso que se inicie con el ELN. Estamos exigiendo una participación real y decisoria porque somos las víctimas de las nocivas políticas que gobierno tras gobierno se han impuesto al pueblo colombiano en beneficio del gran capital nacional e internacional. Por ello es inevitable que discutamos cuál es el modelo económico para la paz, no aceptamos que el gobierno dé por hecho que este no es un tema de diálogo.

Monumental equivocación cometería el presidente Santos si piensa que la paz será una realidad haciendo caso omiso de la necesidad de superar las causas estructurales del conflicto en el país, profundizado por su gobierno con la imposición de las locomotoras del desarrollo que han sido confrontadas y rechazadas por el pueblo colombiano librando heroicas luchas en medio de la represión estatal.

No aceptamos que en el marco de la política de confianza inversionista se explote nuestros recursos naturales; se extranjerice, despoje y concentre la propiedad de la tierra y de los territorios; y se legisle para aumentar aún más las escandalosas ganancias del sector financiero, la agroindustria y la minería extractiva. No aceptamos que se continúe empobreciendo al pueblo colombiano reduciendo el presupuesto para la inversión social, convirtiendo en fuentes de acumulación capitalista la salud y la educación, tercerizando la contratación de la mano de obra y precarizando a la clase trabajadora generadora de la riqueza del país; imponiendo leyes agrarias y mineras en contravía de los planes de vida de las comunidades rurales; disponiendo de los territorios urbanos para la acumulación capitalista, e imponiendo una ley de víctimas funcional al acaparamiento y despojo de tierras.

La confrontación armada en el país es sólo una de las expresiones del conflicto que vivimos. También existe un conflicto social manifiesto en la resistencia civil y la movilización política de los sectores sociales populares en oposición a las políticas neoliberales, en medio de las cuales hemos propuesto alternativas para lograr la paz social, política y económica.Saludamos los diálogos entre la insurgencia y el gobierno para buscar una solución política al conflicto social y armado, y exigimos que se inicien inmediatamente con los sectores sociales populares para que la paz sea viable y duradera.

Hoy dimos un nuevo impulso al proceso de construcción de una agenda social común que seguiremos llenando de contenido y que contempla, entre otros temas, los siguientes: Reforma agraria integral; derecho al territorio urbano; derechos territoriales de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas; derechos de las mujeres; reconocimiento de la existencia de los presos políticos; empleo digno y bien remunerado; salud y educación pública y gratuita; nacionalización de los recursos naturales; redistribución de la riqueza; controles y condiciones para la inversión extranjera; protección de la economía nacional y fomento a la economía popular; cese a la represión estatal y garantías para la protesta social y la participación política popular; verdad, justicia y reparación integral y garantías de no repetición. Proponemos que estos temas sean discutidos en el marco del proceso de paz, con nuestra participación y de cara al país.

Continuaremos construyendo la agenda social para la paz desde la articulación de las diferentes estrategias que hoy están construyendo las plataformas y organizaciones sociales: el Encuentro internacional de Paz; el Congreso Nacional para la Paz; las Constituyentes Regionales, Locales y Sectoriales por la Solución Política y la Paz con Justicia Social; los Consejos Territoriales de Paz; las apuestas de paz de las mujeres; la movilización por la defensa de la educación y la salud pública; los Foros Ecuménicos para la Paz; la lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral; y todas las iniciativas locales y sectoriales por la paz. Estrategias que podrían confluir en escenarios comúnes de deliberación y decisión social y popular a nivel local, regional y nacional, y convertirse en un freno de las políticas regresivas, antipopulares y generadoras de violencia social y política.

Avanzaremos hacia niveles más amplios de unidad convocando a un gran Movimiento Social por la Paz, que articule y movilice a amplios sectores sociales y políticos y especialmente al pueblo colombiano. Concentraremos nuestras fuerzas y convocatorias en torno a un proceso permanente, gradual y creciente de movilización unificada por la paz. En este propósito convocamos al pueblo colombiano a expresarse en las calles, en todos los rincones del país, en grandes movilizaciones para el 2013, año de la lucha por la paz y la solución política.

 

 

Ruta Social Común para la Paz

http://rutasocialcomunpaz.blogspot.com/

rutacomunpaz@gmail.com

 

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN, COLOMBIA Lunes, 15 de Octubre de 2012 10:47

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ A LA UNIÓN EUROPEA: UN DESATINO


Importantes organizaciones noruegas consideran que es el peor momento para otorgarle el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Si bien en el pasado la UE se propuso estabilizar a Europa y conciliar a viejos enemigos como Francia y Alemania, hoy, alejada de la idea una Europa social y guiada por políticas neoliberales del libre tránsito de capitales, es responsable que buena parte de su población soporte sobre sus hombros la profunda crisis económica y social.
El Premio otorgado ha generado una fuerte polémica en la sociedad Noruega pues 3 de cada 4 noruegos están en desacuerdo. Hay que precisar que es cuestionada la “unanimidad” de la decisión del Comité Nobel, pues la sra. Ågot Valle, miembro de Comité e integrante del Partido Socialista –SV-, estaba ausente por enfermedad. Lo relevante del asunto es que SV es un partido de izquierda que hace parte del gobierno noruego y ostenta entre otras conquistas el hecho de hacer parte de la plataforma Nei til EU (No a la UE), quienes ganaron el referéndum en el 94 y donde la población noruega se opuso mayoritariamente a ser se parte de la misma. Cabe recordar que Noruega tiene hoy uno de los mejores estándares de vida del mundo y que prácticamente no se ve afectada por la crisis actual gracias a su modelo y soberanía en las políticas monetarias.
Los lideres del partido de SV, personalidades como Jan Egelad (ex-asesor especial del Secretario General de la ONU para Colombia), investigadores de paz y las organizaciones que lograron que Noruega no entrara a la UE, públicamente han sentado su divergencia frente a esta decisión, pues primero por que se está alterando el criterio de que el Premio se debe otorgar a personas u organizaciones que en el último año se hayan destacado en la lucha por la paz. Nadie niega algunos buenos propósitos anteriores a 1991 en el proceso de construcción de la UE, ni que economías fuertemente integradas entre naciones hace menos factible una guerra entre las mismas, pero nada de esto se ha dado ni visto en el transcurso de la última década y menos del ultimo año, donde por lo contrario el enfoque de la Unión ha sido el de invertir en armamentismo como lo es la iniciativa de un departamento de defensa propia etc. Segundo ven a la UE como una institución que es corresponsable de la desestabilización de Grecia y otros países del sur de Europa, ligada a acciones de guerra en el mundo árabe y ejecutora de un trato discriminatorio contra los inmigrantes del tercer mundo.
Producto de estas diferencias será la primera vez que no se realizará la tradicional marcha de antorchas organizada por la Casa de la Paz, ya que queda claro que esta vez el premio no es un premio de paz, sino un premio con tintes políticos. Audun Lysbakken, líder de SV, ha dicho que es necesario cambiar la composición del Comité Nobel, pues últimamente ha tomado decisiones alejadas de los objetivos que inspiraron a Alfred Nobel para que se entregara el premio de paz en Noruega.
Hace 111 años, en 1901, se otorgó por primera vez el Premio Nobel de la Paz a Henry Dunant y a Frédéric Passy quienes fueron pioneros de la Cruz Roja, luchadores contra la guerra e impulsores de las vías pacíficas, pero en el 2012 al cometer el desatino entregar el premio a la UE, desdibujan la importancia de este mecanismo de estímulo en la lucha por la paz en un mundo plagado de guerras.
Alfredo Holguín
Coordinación Europea del PC/JC
Tynset, Noruega 12 de octubre de 2012

   

JORNADA NACIONAL DE LA INDIGNACIÒN

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN, COLOMBIA Lunes, 15 de Octubre de 2012 10:38

4 de octubre

- Movilización por el trabajo digno impulsada por las Centrales Sindicales y el Comando Nacional Unitario.

- Movilización Nacional de la MANE por un billón más para la Universidad pública.
8 de octubre

- Movilización por la paz e instalación de la mesa social con la consigna Vamos por la Paz con una Agenda Social.

- Jornadas de agitación en las Universidades del País y rueda de prensa nacional de la MANE.
9, 10 y 11 de octubre

- Campamentos por el derecho a la salud en Bogotá y demás regiones del país.

- Movilización centralizada, de la sede de Min trabajo a ACEMI y a Saludcoop.  (Campaña Nacional Salud y Seguridad Social octava papeleta)
12 de octubre

- Movilización de la MANE, estudiantes indignados movilizándose por una educación para un Nuevo país.

-  Paro Nacional.

- Eventos y acciones del movimiento indígena y agrario
19 DE OCTUBRE

-Marcha y festival  por la defensa del agua, la vida y el territorio – Ibagué (Tolima).

MES DE OCTUBRE

-Por la defensa del territorio del río Magdalena y el Macizo Colombiano, respaldo a la recuperación de tierras en el proyecto minero-energético del Quimbo – Huila.

10 de diciembre

-Encuentros y movilizaciones para reivindicar que el Gobierno garantice el respeto y ejercicio pleno de los Derechos Humanos fundamentales del pueblo colombiano.

TRANSITANDO CAMINOS DE UNIDAD
PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

 

LECCIONES DESDE SURÁFRICA

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN, COLOMBIA Lunes, 01 de Octubre de 2012 16:04

 

La violencia heredada del 'apartheid'


Por: César Rodríguez Garavito, especial para El Espectador/Johanesburgo

Nueve Trabajadores de la mina de platino de Lonmin se concentraron ante las instalaciones de la mina en Marikana, Sudáfrica, en protesta demandando un aumento de sus salarios. / EFE

Si se mira el proceso de paz de este país africano, son muchas las similitudes con el que se inicia en Colombia.

La paz duró hasta cumplir la mayoría de edad. Con la masacre de 34 mineros huelguistas a manos de la policía hace un mes, Sudáfrica revive los recuerdos de las matanzas del apartheid.

Dieciocho años después de la transición a la democracia, el aire que se respira aquí es una combinación tóxica de perplejidad y angustia. Todos parecen preguntarse en qué momento la paz que inspiró a tantos alrededor del mundo —la de Mandela y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación— se vino a pique hasta morder el polvo en Marikana, en la esquina noroccidental del país, donde están las minas de platino más grandes del mundo.

“La herencia del apartheid nos persigue como un espectro”, dijo la Nobel de Literatura Nadine Gordimer en un festival cultural celebrado poco después de la masacre. “En nuestra lucha contra el apartheid, ¿alguna vez se nos ocurrió cómo serían las cosas 20 años después de la llegada de la democracia?”.

La pregunta se alza como un espectro no sólo en Sudáfrica, sino en países como Colombia que buscan lecciones para sus propios intentos de terminar la guerra. Entender a Sudáfrica hoy es advertir lo que puede salir mal en una transición. Y lo que es preciso hacer desde ahora para evitarlo.

La escena es de no creer. Frente a las cámaras, los tanques de la policía rodean al grupo de trabajadores que, palos y machetes en mano, protestan por los bajos sueldos y las paupérrimas condiciones de vida que tienen en la mina de Lonmin, la multinacional inglesa del platino. De pronto se oye el traqueteo de las metralletas policiales; en seguida caen las siluetas de los mineros entre la polvareda, como fichas de un dominó que no se veía desde las peores masacres del apartheid en los años sesenta contra las multitudes negras que exigían el fin del régimen. Pero esta vez quienes disparan son policías negros también, miembros de una fuerza controlada por el gobierno del partido que lideró la lucha contra el apartheid y ha ganado todas las elecciones desde 1994 (el ANC).

Lo peor vino después. Todo indica que la mayoría de las víctimas fueron ultimadas a quemarropa, fuera de la mirada de las cámaras, como lo denunció el fotorreportaje de Greg Marinovich, ganador del Pulitzer.

Como el realismo mágico no es monopolio latinoamericano, la gota que rebosó la copa de lo verosímil fue puesta por la justicia sudafricana. Reviviendo una vieja ley usada por los supremacistas blancos del apartheid para aplastar cualquier protesta, la Fiscalía acusó de homicidio a 270 mineros que participaron en la huelga. ¿La razón? Al participar en la protesta provocaron la reacción de la policía, que a la vez desembocó en la tragedia, según la Fiscalía. El mundo al revés; Macondo en África.

El escándalo que siguió hizo que los cargos fueran retirados. Pero el daño ya estaba hecho. Tras Marikana estalló una ola de huelgas que amenazan a todo el sector minero. El gobierno de Jacob Zuma ya no puede contar con la reelección. El ANC no es el partido invencible de la liberación nacional. En las calles y en los medios se habla de la crisis de la constitución más humanista del mundo, de la desilusión de la democracia multicolor.

¿Qué salió mal? Los especialistas que entrevisto martillan sobre dos legados que la paz no resolvió: la desigualdad y la herencia de la economía minera.

Sudáfrica es el país más desigual del mundo. A la antigua élite blanca se suma hoy una pequeña élite negra que también se refugia detrás de los infranqueables muros de las residencias de lujo, estampados con los letreros ubicuos de las compañías de seguridad que advierten: “Se dará respuesta armada”. El coeficiente Gini corrobora lo que se ve en esta ciudad del apartheid social.

De modo que lo que explotó en Marikana fue la bomba de la desigualdad. La iniquidad que “está creando una caldera de gente pobre que se siente marginalizada”, como le dijo Zwelinzima Vavi, el presidente de la federación sindical Cosatu, al semanario Saturday Star. Después de todo, los 3.000 trabajadores que pararon la mina de Lonmin protestaban contra salarios de miseria. Exigencia elemental que no puede hacer el 36% de la población, que está desempleada.

El problema es que la transición a la paz se centró en los actos individuales de violencia y dejó para otro día la solución a la desigualdad: a la concentración de la tierra en pocas manos, las diferencias abismales en la calidad de la educación de ricos y pobres, los sistemas paralelos de salud. Ya lo había anticipado hace 10 años el reconocido africanista Mahmood Mamdani en su crítica a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo modelo ha sido exportado alrededor del mundo. Investigar, confesar y perdonar (o castigar) delitos individuales es esencial para llegar a la paz. Pero hace falta embarcarse también en una agenda de políticas sociales que desactiven la bomba social del conflicto. Lo mismo en Sudáfrica que en Colombia.

No es casual que la explosión haya sido en las minas. La locomotora minera pasó por aquí hace cien años, cuando los descubrimientos de los mayores yacimientos de oro del planeta cambiaron para siempre la geografía y la sociedad sudafricanas. Entre los cráteres del paisaje lunar de Johanesburgo se avistan aún, de vez en cuando, los buldóceres que raspan los últimos rastros del metal.

Pero en lugares como Marikana, en la región de Rustenberg, la locomotora minera anda a todo vapor. En los nuevos yacimientos de oro y platino se vive una fiebre extractiva similar a la latinoamericana. Y las disputas y sus protagonistas se parecen también. La huelga contra la inglesa Lonmin se extendió esta semana a la mina de platino de Anglo American, la mayor del mundo. El viernes, Xstrata anunció que cerraba temporalmente su mina en la misma región ante las amenazas de protestas y disturbios.

Los conflictos por los efectos ambientales y las condiciones laborales de la industria minera están en el corazón de la violencia posapartheid. Como tituló el semanario Mail & Guardian, Sudáfrica es hoy un campo minado. La razón es que “la industria minera tiene un legado de cien años por el que no ha pagado”, según lo reconoció un ejecutivo del sector citado por el periódico. Y agregó: “La industria y todo el país tendrán que ponerle la cara; de lo contrario, siempre habrá conflicto”.

De modo que, junto con las políticas contra la desigualdad, la historia sudafricana enseña que la paz duradera requiere políticas económicas y ambientales sostenibles. De lo contrario, al alborozo de la transición sigue la desilusión de las promesas incumplidas, la realidad de la violencia que rebrota.

Fue ese sabor agridulce el que quedó en el aire tras la conversación sobre la masacre de Marikana entre Nadine Gordimer y Mongane Serote, el viejo poeta y activista antiapartheid.

—¿Qué podemos hacer?, preguntó Gordimer.

—Tenemos que organizar una marcha —replicó Serote.

—La policía nos dispararía — replicó con sarcasmo la Nobel. Y terminó en el tono desencantado de la nueva Sudáfrica. “Los escritores no somos videntes. Andamos buscando el sentido de la vida. Qué poco hemos logrado en 18 años”.

* Columnista de El Espectador

Gobierno sudafricano busca proteger la minería

El gobierno sudafricano, inquieto por las consecuencias económicas que pueden provocar las tensiones sociales en el sector minero, anunció medidas para mantener el orden en la región de Rustenburg, al norte del país, en donde las mineras cierran uno a uno sus pozos de platino. “Los que procedan a reagruparse ilegalmente, porten armas peligrosas, se libren a la provocación o amenacen con violencia en las zonas concernidas serán tratados como se debe”, declaró el ministro de Justicia, Jeff Radebe, en una conferencia de prensa en que llama implícitamente a las fuerzas de seguridad a proceder al arresto de los que contravengan a las disposiciones. El sector minero sudafricano está perturbado desde hace cinco semanas por disturbios sociales. Este sector es el pulmón económico del país y contribuye al 9% del PIB y 19% si se le incluyen todas las actividades anexas.
Representa, además, la mitad de las exportaciones del país.

 

   

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