Colectivo Comunista

COLECTIVO WALTER BENJAMIN, SESIÓN ORDINARIA MARTES 28 DE ABRIL

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN, COLOMBIA Jueves, 07 de Mayo de 2015 11:00

Aportes Sobre El Origen Del Conflicto Armado En Colombia, Su Persistencia Y Sus Impactos

Javier Giraldo Moreno

Preparó: Luis Botero C.

En este documento Javier Giraldo dedica gran parte a dilucidar un marco conceptual claro en el que se pueda desarrollar el análisis de los motivos que han llevado a la confrontación prolongada del estado contra una parte importante de sus ciudadanos, no solo en confrontación violenta sino también en la negación de derechos en los cueles debe estar comprometido como parte fundamental en la relación  gobierno – ciudadanos.

Afirma “un marco conceptual sobre el mismo conflicto, que permita ubicarlo dentro de la tradición jurídica universal particularmente en el contexto de esta etapa histórica de la modernidad, inspirada en las revoluciones de los siglos XVIII y XIX y la conformación de las naciones unidas.”p4

Como podemos ver el espacio temporal es de más de dos siglos en los cuales se han desarrollado los derechos a medida que se van ejerciendo los mismos llevando por este camino a la evolución y generalización de los derechos en la sociedad.

En su enfoque refiere como base la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa  que “en su versión de 1993 que encabezo la Constitución,  incluyo en su artículo 35 el derecho a la insurrección así: cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.”p4

Así mismo cita la declaración de independencia de los Estados Unidos de 1776 y la proclamación de la asamblea de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 para  fundamentar el derecho que tienen los ciudadanos a revelarse a un estado que incumple con su compromiso de gobernar con justicia a su pueblo.

Para justificar este enfoque del derecho a la rebelión  remite a autores (principalmente A.M. Honoré) que la han estudiado y enumerado causas derechos y deberes que se encuentran ligados a esta posición.

A partir del segundo capítulo  aborda las causas del conflicto que a mi parecer determina como netamente rurales y campesinas  ya que se remonta hasta, como refiere en la página 12,  a antes de 1920 con la rebelión indígena en el sur del país liderada por Quintin Lame  a causa como dice “las grandes haciendas constituidas sobre la destrucción o usurpación de los resguardos que la legislación colonial había mantenido, pero que la legislación republicana, mediante numerosas leyes y decretos, había ordenado repartir en propiedades individuales mercantilizables.” p 12y13

De aquí en adelante enumera y cita estudios de autores e instituciones y principalmente una “información de los archivos del INCORA y en el Archivo Nacional, relativa a la correspondencia de los baldíos o enajenación de tierras públicas, enviada por pobladores locales al gobierno nacional entre 1830 y 1930, fuente que lleva a considerar la frontera no como alternativa al conflicto sino como la fuente del conflicto.”

Refiere específicamente una cita de Catherine Legrand, “aunque inicialmente los campesinos de subsistencia abrieron el territorio virgen y lo pusieron a producir, unos años más tarde fueron presionados por los capitalistas, que en busca de rentabilidad concentraron la tierra en grandes propiedades y convirtieron a los colonos en arrendatarios. Así, las regiones de frontera no fueron más democráticas que las áreas más antiguas del país (…) en verdad, la mayoría de las grandes propiedades que existen en Colombia hoy no se conformaron en el periodo colonial: más bien surgieron de los baldíos de los siglos XIX y XX   bajo el impulso de la economía agroexportador.” P 13-14

Citando la autora describe todo el desarrollo de baldíos en etapas anteriores a la violencia de los 50 ubicando la primera etapa a partir de 1880 y culminando la última etapa ente 1946 – 1959.

De aquí en adelante en este capítulo se empieza a describir y enumerar los diferentes momentos de agresiones del estado contra los campesinos con operativos militares y desplazamientos, ubicando los momentos de surgimiento de los diferentes movimientos armados en respuesta a estas agresiones.

“ El contexto inmediato del nacimiento de una insurgencia armada que aún persisten, tiene que ver con lo sucedido en varios departamentos (Tolima, Huila, Cauca, Valle del cauca, meta, Cundinamarca, Caquetá, Vichada) en 1984, cuando operativos militares de enormes proporciones trataron de aniquilar concentraciones de campesinos que habían adoptado formas de resistencia organizada, en defensa de medios elementales de sobrevivencia, frente a la exclusión y persecución violenta de hacendados respaldados por los poderes vigentes. La previa estigmatización mediática de estas comunidades mediante el calificativo inadecuado de “repúblicas independientes"; el bloqueo un diálogo de personalidades políticas y sacerdotes con los campesinos discriminados para conocer sus problemas y propuestas, bloqueo en el cual el arzobispo primado tuvo también una ineludible responsabilidad; la magnitud más que exagerada de las fuerzas de ataque apoyada en 16,000 hombres en armas, con un costo calculado en 373 millones de pesos de la época, con participación de al menos14 aeronaves de guerra de los Estados Unidos y el monitoreo permanente de agentes estadounidenses; la crueldad de las torturas y detenciones y la perversidad de los procedimientos represivos que fueron utilizados, incluyendo armas químicas y bacteriológicas, vedados en todos los tratados internacionales, todo esto minuciosamente documentado en testimonios de primera mano por monseñor Guzmán, impone una conclusión ineludible de ilegitimidad del Estado que allí se revela.”

De este momento en adelante por un periodo de nueve años se crean los diferentes movimientos guerrilleros que aunque no es mencionado como tal corresponde al periodo de gobierno de facto bipartidista del Frente Nacional que aparentemente por la respuesta de la población, sería la época de mayor represión sobre las reclamaciones y propuestas de políticas agrarias emanadas del pueblo.

Si comparamos fechas los movimientos surgen:

FARC  1964

ELN   1965

EPL  1967

M 19  1974

ADO  1977

Quintin Lame  años 80s

 

Concluye diciendo “que el Estado colombiano no ha asumido responsablemente la satisfacción de las necesidades básicas de su población mayoritaria y, en tal sentido, ha venido incumpliendo esta primera obligación frente a sus ciudadanos, una datos fundamentales que apuntan a lo esencial de la pertenencia a una empresa común; la satisfacción, en niveles dignos y humanos, de las cinco necesidades básicas de todo ser humano en sus ciudadanos, en la cual descansa gran parte de su legitimidad como Estado, autorizando en consecuencia la disolución de sus vínculos constitutivos con sus ciudadanos, mirado desde la esencia más nuclear de una democracia.”

En cuanto a las relaciones de justicia que el autor refiere como la segunda de las obligaciones básicas de un estado para con sus ciudadanos, dice, “la creación de mantenimiento de condiciones que impidan que un grupo de ciudadanos excluya a otros del goce de sus derechos a la participación, a la información de la protección, como niveles esenciales de una convivencia pacífica, democrática y humana.”

Sin embargo el estado y la oligarquía colombiana ha ejercido un poder permanente por sobre las mayorías utilizando toda clase de argucias represivas a través de leyes, fraudes y ejercicios violentos de sometimiento que han llegado al punto de recibir de los ciudadanos, desconfianza e incredulidad ya que la justicia estando en manos de los mismos que ejercen el poder se pervierte y simplemente inclina la balanza hacia el lado del que a su bien manipula convirtiéndola en una institución corrupta y emanadora de impunidad.

Al respecto el autor dice: “en cuanto a la JUSTICIA, Colombia sobresale por una exorbitante impunidad general, pero sobre todo de aquellos delitos y crímenes que comprometen a funcionarios del Estado y a las franjas de poder económico y político, y por una arbitrariedad judicial que lleva a privar de la libertad, judicializar y someter a prisión a grandes franjas de ciudadanos sin poder, a quienes se les somete a procesos que no cumplen los mínimos requisitos legales y que violan de manera sistemática las normas de justicia contempladas en tratados internacionales. Se ha denunciado a veces un porcentaje de impunidad general 99%.”

 

Resumen por:

LUIS ANDRES BOTERO (TUTO)

 

Sesión 24 marzo 2015

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN, COLOMBIA Lunes, 30 de Marzo de 2015 09:57

COLECTIVO COMUNISTA WALTER BENJAMIN

SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE MARZO DE 2015

Exclusión, insurrección y crimen

(Gustavo Duncan)

Caracterización

No elabora una caracterización rigurosa del conflicto colombiano, pero cuando alude a su trabajo prefiere hablar de “conflicto social” y en algunos momentos, especialmente al final del ensayo, utiliza la noción de “guerra”. La falta de rigor académico, lo lleva a una ambivalencia en la caracterización entre “conflicto” y “guerra”. La frase final de este trabajo muestra esa ambivalencia y un cierto tono de inevitabilidad de la guerra en Colombia: “la guerra es la forma institucional como han podido resolver los problemas de exclusión de manera cotidiana, así hayan tenido que asumir costos enormes en términos de expectativas de vida, pérdida de libertad, violaciones a los derechos básicos, situaciones oprobiosas de control social y, sobre todo, el riesgo de una violencia permanente” (p. 40).

Utilizando los ensayos de Collier y Hoeffler, intenta sostener, que la desigualdad y la exclusión no causan insubordinación social y “mucho menos una insubordinación violenta” (p. 1). También pretende persuadir que la competencia democrática no ha sido “en exceso excluyente” (p.1) en Colombia, recurriendo a la participación del Partido Comunista en elecciones durante el Frente Nacional y su combinada “actividad política legal con la organización de una guerrilla” (p. 1). Para que se presente el “conflicto violento” se necesitó en Colombia la interacción con dos prácticas criminales: el secuestro y el narcotráfico. Esas “prácticas criminales” son el origen y la causa del conflicto colombiano.

Para Duncan, la exclusión material ha sido importante para la insurrección armada en el momento que se relaciona con “prácticas criminales” como el secuestro y el narcotráfico. “Se trató de una condición a lo sumo necesaria pero no suficiente para que guerrillas, paramilitares y narcotraficantes pudieran reclutar a un sector de su tropa rasa” (p. 12).

Su propuesta es caracterizar el conflicto colombiano como un “pulso de fuerza” para imponer de forma parcial y fragmentada, determinadas instituciones de regulación social a lo largo del territorio. Este “pulso de fuerza” es entre las instituciones del Estado central, las de las élites armadas de la periferia y las de las insurgencias. Su lectura plantea “comprender el conflicto en sí mismo como una oportunidad de inclusión al margen de los grandes propósitos políticos de las partes y de los resultados de la guerra. Las oportunidades de inclusión estuvieron dadas tanto a comunidades como a individuos por efecto de la redistribución de recursos hacia la periferia a través de la criminalidad” (p. 39).

Responsabilidades

“Los efectos de la criminalidad no solo se remitieron a los pulsos de fuerza entre la insurgencia y la contrainsurgencia privada. También redefinieron las relaciones de poder entre las élites del centro y la periferia a raíz de las decisiones que debieron tomarse para afrontar el desafío de la guerrilla” (p. 2).

“El paramilitarismo, como estrategia privada de guerra contrainsurgente, fue un fenómeno principalmente regional” (p. 2).

“Si algún tipo de exclusión fue importante como causa del conflicto fue la exclusión de los servicios de seguridad y de justicia del estado” (p. 12).

“El ejército y la policía, por su parte, contribuyeron con la tarea de organizar una contrainsurgencia privada. Eran los tiempos de la guerra fría y sobre sus hombros reposaba la lucha contrainsurgente. En ese entonces era legal que el ejército armara grupos de autodefensa entre la población civil (el Decreto 3398 de 1965 amparaba la organización de autodefensas civiles por las fuerzas militares) (p. 18).

“Algunos magnicidios contaron con la colaboración de sectores radicales en las fuerzas de seguridad del estado y que dentro de la doctrina de policía y ejército estaba la tolerancia y el trabajo conjunto con grupos paramilitares” (p. 22).

“El Cartel de Cali, por su parte, utilizó una estrategia más sutil. Literalmente compró al grueso de la clase política del país al punto que era imposible continuar manteniendo la estructura de corrupción sobre la que se soportaba el sistema. Pero en la corrupción de la clase política y de las autoridades públicas por el narcotráfico había un componente menos evidente pero más significativo en la configuración del conflicto que la simple demanda por protección de un negocio ilegal. El pago a la institucionalidad del país tenía un sentido adicional a la pura inmunidad de las empresas narcotraficantes. Ciertas organizaciones criminales que controlaban el tráfico de drogas en un territorio dado pagaban sobornos para que el estado no les impidiera ejercer autoridad sobre una parte de la población, y a veces toda la población, de ese territorio” (p. 29).

“agentes del estado de todo tipo –civiles, militares, judiciales y policivos-, establecieron fuertes alianzas con estos narcotraficantes por el poder que habían acumulado desde la periferia. El respaldo político y económico de algún jefe paramilitar para ser elegido al Congreso o a una gobernación o para ser ascendido en el ejército o en la carrera judicial podía hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso” (p. 30).

“La tolerancia llegaba hasta permitir que las fuerzas de seguridad del Estado tuvieran complicidad con la contrainsurgencia privada de todo tipo, desde campesinos hasta narcotraficantes” (p. 36).

Análisis

1. Se insiste en las tensiones entre las élites del centro y las élites regionales como una de las causas principales del conflicto.

2. La exclusión histórica de la seguridad y de la justicia estatal, conforman también una causa importante del conflicto colombiano.

3. La contrainsurgencia “privada” y el paramilitarismo tienen un respaldo legal desde 1965. El ejército y la policía han contribuido a la conformación de esa contrainsurgencia “privada”.

4. Existe una doctrina oficial que lleva a la tolerancia y colaboración con la contrainsurgencia privada.

5. Algunos magnicidios han contado con la colaboración de fuerzas de inteligencia del Estado, como también del ejército y la policía.

6. El narcotráfico y el paramilitarismo ha penetrado a todos los agentes estatales, entre ellos los civiles, militares, judiciales y policiales.

Frente Nacional: Al ubicar el conflicto colombiano en la década del ochenta del siglo XX y desconocer la historia anterior, el documento de Duncan no analiza el periodo del “Frente Nacional”. La única alusión a esta etapa de nuestra historia está al inicio y tiene por finalidad intentar mostrar que el régimen político colombiano ha permitido la “competencia democrática”. El argumento que sostiene es que el Partido Comunista que combina la actividad legal e ilegal, participó en la elecciones durante el Frente nacional, a través de alianzas con los partidos tradicionales.

 

Reforma Agraria: El Documento de Duncan no analiza la cuestión agraria en Colombia, en una actitud negacionista de nuestra Historia, cuando todos los análisis rigurosos sitúan la problemática agraria como el trasfondo profundo del conflicto colombiano. La única alusión a “una reforma agraria” (p. 8), se hace para criticar el supuesto “maximalismo” de la izquierda, que subordina asuntos prioritarios para los excluidos a los “objetivos políticos de la dirigencia guerrillera”.

 

Preparó Sergio De Zubiría S.

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO II - 2015

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN, COLOMBIA Miércoles, 18 de Marzo de 2015 19:16

PLAN DE TRABAJO COLECTIVO COMUNISTA WALTER BENJAMIN II SEMESTRE 2015

 

 

Jersson Arias. Renán Vega. Martes1 de septiembre


Diego Zúñiga. Daniel Pécaut. Martes 8


Luis Botero (Tuto). Gutiérrez Sanin. Martes 15

   

HACIA UN CONCEPTO CRÍTICO DE VÍCTIMA - II

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Escrito por ÁLVARO BOTERO, EDITOR Jueves, 09 de Octubre de 2014 11:50

Apuntes para la Construcción de un Concepto Crítico de Víctima

(Cuarteto a diez manos)

Colectivo de Estudios Walter Benjamin[1]

Resumen

En el Colectivo Comunista Walter Benjamin, en los últimos meses, hemos dedicado nuestro esfuerzo reflexivo y político a construir una “noción crítica” de víctima, inspirados en un conjunto de tesis que deseamos compartir. Por un lado, la urgencia de retomar las reflexiones del filósofo Walter Benjamin sobre la dimensión política de la memoria, las críticas a las concepciones dominantes de historia y de progreso, la peculiaridad de la memoria de las víctimas y los sobrevivientes, el filósofo como cronista en la orilla de las víctimas y los oprimidos, la conversión de los sentimientos de la víctima en dimensiones de justicia, el relato de las víctimas como una filosofía crítica de la historia, entre muchas otras. Por el otro, la necesidad de hacer explícitas las diferencias entre una “concepción dominante” de víctimas y una “noción crítica”, a partir de la distinción gramsciana entre hegemonía y contra-hegemonía. La noción dominante, atada a lo jurídico-legal, postula un significado bastante restrictivo, privilegia el cuerpo sufriente, instrumentaliza los Derechos Humanos y normaliza (sacralizando) ciertas prácticas violentas. La crítica a la concepción dominante de “víctima” busca ampliar sus significados, tomar distancia de lo exclusivamente sacrificial, mostrar los límites del juridicismo, transformar los Derechos Humanos, reivindicar la dimensión de subjetividades políticas de las víctimas y realizar una crítica radical a la violencia.

Palabras Clave: Víctimas, Derechos Humanos, sacrificialidad, crítica.

 

La relevancia contemporánea y la nueva visibilidad de las víctimas pueden tener finalidades plenamente divergentes, lo cual exige una mayor atención a la reflexividad crítica. No puede limitarse a una visibilidad sociológica o histórica, en sentido positivista, que se convierta en la simple constatación estadística de registro, sub-registro o tipologías de victimización-victimarios, como tampoco meras acciones asistencialistas de re-victimización. El asunto de su “centralidad” o “nueva visibilidad” y su finalidad última es determinante en una lectura crítica de las víctimas.

La violencia, con sus diferentes formas de expresión, hace parte de la Historia de la humanidad. Hablar de violencia implica hablar de dominio, poder, crueldad y destrucción. Hechos violentos como los ocurridos alrededor del proyecto colonial y el proyecto nazi han conmocionado al propio Ser humano en algunos casos, mientras que en otros no hay ninguna reserva ética o moral. Una de las perspectivas, centrales de este artículo es, por lo tanto, explorar y explicar, desde el concepto de víctima, qué tipo de situación presenta el Estado colombiano respecto del conflicto social y político que se ha desarrollado por más de medio siglo y cuyo discurso actual es el de la reparación y la transición hacia la paz.

El inicio del punto 5 del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, en La Habana, la afirmación expresa: “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional y FARC-EP”, ha empezado a producir alguna atención en los medios de comunicación, e importantes debates, tanto en la academia como en el movimiento popular. En el texto del “Acuerdo General” se consigna la necesidad de reconocer los Derechos Humanos de las víctimas y se privilegia la verdad como exigencia imperativa. Tal vez, la insistencia de los medios de comunicación y las reiteradas declaraciones del carácter “central” de las víctimas, han hecho difuso el hecho de que existen distintos enfoques en la aproximación a esta problemática. Parece que, al evocar la noción de “víctimas”, estamos siempre hablando de lo mismo y esto no es posible en ningún ámbito del pensamiento humano, porque la existencia de disensos, matices y diferencias es inevitable y le es connatural. Para evitar la instrumentalización de la noción de “víctimas” y reconocer su potencia emancipatoria, es necesario subrayar sus contradicciones, matices y polémicas.

La violencia, además de producir víctimas, supone la presencia de un otro exterminador, es decir, de quien o quienes asumen el objetivo destructivo, lo que implica la cuestión del reconocimiento del Otro en todas las dimensiones, incluidas las de las clases sociales; esto, sin lugar a dudas, implica la configuración de una ética de la responsabilidad.

En el contexto que vive Colombia, de más de 50 años de violencia, se han impuesto las nociones de sociedad, el orden de cosas según la comprensión y los intereses de las clases dominantes, desconociendo el sentir nacional de las mayorías rurales y urbanas. El uso de la violencia por parte del Estado como reemplazo de las formas democráticas de hacer política es el síntoma más evidente de la crisis de la Nación.

Excurso Etimológico

De acuerdo con el Diccionario de la RAE, aparecen varias acepciones: (Del lat. vĭctima).

1. f. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio.

2. f. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra.

3. f. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.

4. f. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito.

Como se ve, dos elementos saltan a la vista: El primero, la relación del término con lo sagrado, con el sacrificio, en el cual se sublima la Muerte (víctima propiciatoria). En este caso, y en relación con la segunda acepción, el protagonista no necesariamente es un agente pasivo, sino que, eventualmente, puede ser que se ofrezca como voluntario. Incluso, en la Grecia Clásica, la víctima (Thyma) era toda ofrenda sacrificial, tal vez rezagos de una antigüedad en la que los sacrificios humanos eran norma aceptada con el fin de restablecer el Cosmos, apaciguando la ira de los dioses, pero que ahora se habían transformado hasta el simbolismo, para la expiación de una ‘falta’ colectiva. En este sentido, se relaciona con el segundo elemento que interesa resaltar, y es que, en la medida en que la falta es colectiva, uno de los estatutos de la víctima era su inocencia, su estado de indefensión en el momento de ‘padecer’ (más o menos voluntariamente, en ciertos casos) el daño o la ejecución. Esta connotación se extendió con el cristianismo en la figura del ‘mártir’, aquél que entrega su vida para redimir a la Humanidad de sus faltas: Cristo, el cordero sacrificial que se inmola para la salvación de la Humanidad.

Entonces, por lo menos, tres elementos resaltan:

1. La noción y el estatuto de víctima es bastante preciso, aunque derivado de su pasado ritual, y, por lo tanto, se muestra impregnado de elementos religiosos de carácter teológico.

2. Su estado de inocencia e indefensión, correlatos ineludibles del hecho padecido, y que coluden para crear su estatuto.

3. La Validación o justificación de la violencia ejercida sobre un individuo, en nombre del “bien común” (Chivo expiatorio, víctima propiciatoria, etc.).

Así, la noción dominante, o por lo menos la comúnmente utilizada, no puede desprenderse de cierta carga teológica, que, como veremos, se traslapa bajo su acepción jurídica.

Por otra parte, de entre las Ciencias sociales, se destaca el Derecho, gracias a su proverbial afán de precisión técnico-administrativa, en su operatividad de ocultación de viejos contenidos religiosos, implícitos bajo el velo formal de su operatividad moderna. Foucault ha sugerido sintomáticamente tal connivencia al referirse a “la presencia y persistencia de los significados religiosos en las operaciones modernas del derecho penal, la purga de la pena y las penitenciarías como los espacios idóneos, no tanto de reinserción social de los delincuentes sino del sentido del castigo derivado del penar de los pecados y la penitencia.” (Marín, 2012. P. 10)

Este concepto de víctima dominante, queda pues definido y delimitado por la categoría de delito, cargado a su vez de significaciones múltiples que contienen en sí mismas el periplo de la secularización del sacrificio y de la historia del derecho en las sociedades occidentales.

“En todo caso, a lo largo del itinerario de la definición de víctima se destaca que el término ha sido utilizado también en acepciones más amplias, que buscan trascender su carácter religioso. Esta incorporación de significados ha sido tarea desarrollada primordialmente por diversas ramas del derecho. Las diversas acepciones de víctima, principalmente las acuñadas por los estudios de victimología, han incorporado nuevos elementos en su definición, tales como: (1) la afectación, tanto en el plano individual o colectivo, determinada por factores de origen físico, psíquico, económico, político o social, así como del ambiente natural o técnico29; (2) el sufrimiento resultado de un designio, incidental o accidental; (3) el sufrimiento de manera injusta. Con ello, se puede indicar que dos rasgos decisivos de la definición jurídica de víctima, que refuerzan sus contenido sacrificial, lo constituyen el sufrimiento y la injusticia.”(Ibíd. P 11) [Cursivas en el original]

Adicionalmente, uno de los mecanismos eminentes en la determinación de la víctima es el de ‘crimen’. Lo anterior encamina a referirse a la definición de víctima desde su representación jurídica, la cual, cabe recordar, que establece, junto con los contenidos sacrificiales ya referidos, la noción dominante. (Ibíd.)

“De manera sucinta se puede señalar que, desde la perspectiva jurídica, víctima es la persona que sufre la acción criminal, esto es, la persona cuyos derechos han sido violentados en actos deliberados. Se trata, a todas luces, de una comprensión restrictiva de la noción de víctima.” (Ib., p 12)

Finalmente, la Resolución 60/147 aprobada, unánimemente, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, dispone, en su Artículo 8º:

“Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de Derechos Humanos o una violación grave del Derecho Internacional Humanitario”.

Esta definición de víctima adolece de las mismas limitaciones señaladas acerca de lo sacrificial y el juridicismo. En ella se plasma de forma directa la noción dominante y restrictiva de víctima. Primero, se enmarca en el individualismo del derecho burgués moderno, al centrar la condición de víctima en “toda persona” individual que haya sufrido algún tipo de daño. Segundo, predomina la noción del cuerpo y mente sufriente como condición de la victimización en la sacrificialidad. Tercero, termina sometida a una perspectiva legal unilateral, para la cual se es víctima sólo cuando hay una violación manifiesta de normas internacionales de Derechos Humanos o una violación del Derecho Internacional Humanitario. Cuarto, se presenta una justicia reducida a violación de normas, reglas o representaciones jurídicas. Quinto, se limita el fenómeno de la victimización a ser sujeto pasivo de un delito tipificado.

Consideraciones

La coyuntura nacional planteada desde La Mesa de la Habana, obliga que desarrollemos un concepto de víctima más amplio, que pueda aplicarse tanto al contexto colombiano como a los desarrollos que sobre ello se adelantan internacionalmente; y que, además, incorpore la voz de los vencidos.

Para la aproximación crítica al concepto, se requiere hacer uso de su significado político radical, intrínseco al tratamiento sobre los Derechos Humanos; el sentido político nos proporciona entenderlo como momento social, jurídico y humanista, que logra trascender el mero discurso de sufrimiento, de sacrificialidad, para posicionarse en el terreno de la reivindicación, del reconocimiento de ese sujeto, a quien, además de padecer vejámenes que afectan y comprometen gravemente su condición física, se violenta y cercena su pensamiento, su subjetividad y su rol como sujeto político.

El sistema hegemónico actual, instrumentaliza el manejo de los Derechos Humanos de manera reiterativa para sus fines políticos, ya sea de forma positiva o negativa, circunstancia que, independientemente de la intención coyuntural oculta, conlleva el fin ulterior de apropiarse de sus contenidos. Atrás queda su entendimiento como movimiento social de resistencia o reclamo, emplazamiento de actos, hechos y acontecimientos de tensión, de correlación de fuerzas, que impliquen exigencia de reconocimiento de la dignidad humana, con potencial crítico, y que ubique las luchas populares como fuerza estructurante del desarrollo ético de una sociedad.

De otra parte, la construcción de un concepto tal tiene que ir más allá de su noción estrictamente tipificada por la Ley, dejando por fuera aquellas situaciones y actos que atentan contra la dignidad y la calidad de vida de las personas, pero que, como no están incorporadas en la normativa vigente, no son tenidas en cuenta al considerar su carácter. La víctima es actor de primer orden al momento esclarecer la Historia de Colombia; son ellas, igualmente, las que han sido señaladas por reclamar justicia. Este estigma deviene de concepciones fundamentadas en nociones como Enemigo Interno, dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional, lo cual ha justificado asesinatos, persecución, amenazas, desplazamientos y desapariciones, entre otras violaciones a los DD HH.

En la dinámica de la víctima sacrificial, no existe una aceptación o reconocimiento de pesar social por el dolor padecido por ciertos individuos durante generaciones, lo cual es un indicador de su éxito como mecanismo para devolver cierto equilibrio interno (a personas) y externo (al grupo), y que hace del sacrificio un acto trascendente. Un ejemplo de este tipo de concepto es el cordero sacrificial, Jesucristo, la víctima por excelencia, y toda la simbología que arrastra.

Sin embargo, a partir de la Segunda Gran Guerra, al complejizarse o agudizarse las contradicciones propias del devenir hegemónico, algunos elementos en las víctimas han variado; a partir de la experiencia Nazi se ha producido una sucesión de victimas sin valor residual, despersonalizadas, deshumanizadas, es decir, despolitizadas.

La víctima es incómoda, por lo que el olvido y silencio social la determinan; de ella no se habla, lo que constituye un punto de giro para que las acciones del Terrorismo de Estado trasciendan impunemente a otras generaciones. La instauración del terror desde el propio Estado hace que él mismo deba aniquilar sus elementos clandestinos naturalizados, es decir, al propio Estado clandestino perpetrador, y repare el daño ocasionado, solo posible si desde lo jurídico se inscribe la acción de reconocimiento de su propio accionar.

 

Conclusiones

La magnitud de los hechos de violencia, tal vez no sea abarcable por ningún concepto en este momento; la masividad, y lo siniestro y clandestino de las metodologías utilizadas deben, necesariamente, haber producido un tipo de víctima que tampoco podamos conceptualizar claramente, por ahora. Sin embargo, cabe traer aquí las palabras de S. Sonntag (2003) al respecto: “La compasión es una emoción inestable, necesita traducirse en acciones o se marchita.[2]En nuestro intento por superar cualquier estratificación entre víctimas de primera y de segunda clase, o entre víctimas según actores armados, las víctimas se han transformado en nuestras educadoras. Su duelo y sufrimiento se convierte, así, en acciones formativas para la sociedad colombiana. El caso colombiano será considerado paradigmático por la aplicación de políticas excesivamente represivas, cuyos modelos o antecedentes han sido puestos también en marcha en otras regiones de nuestra América Latina; pero también, por la consideración novedosa de algunas acciones como educativas, pedagógicas.

En primer lugar, la ausencia de deseo de venganza en sus narrativas, nos enseña que es posible una vida sin odio y resentimiento, que es posible contagiar a otros seres humanos de la posibilidad real de sociedades solidarias y compasivas. Que la verdadera justicia no puede confundirse con la agresión al culpable o la eliminación del victimario.

En segundo lugar, la conciencia de que, las injusticias vividas, nos permiten experimentar cómo, en la comunidad de sufrimiento no existen jerarquías, ni el deber de la memoria de las violencias injustas tiene ranking. Su condición amplía la sensibilidad frente a cualquier violencia arbitraria, ejercida contra cualquier Ser humano o especie vital.

Las Leyes, dentro de la consigna de reparación, tienen un valor que permite que la memoria y la justicia vuelvan a habilitar sus canales para determinar la verdad; el discurso jurídico, entonces, deviene en productor de verdad, respecto de las víctimas consideradas tanto como sociedad, como capa o clase social que se pretendió eliminar, como en su individualidad.

En conclusión, transitamos hacia una noción crítica de víctima, siempre en construcción, lejana de la sacrificialidad y el juridicismo, con distancia de las “declaraciones universales”, transformadora de los Derechos Humanos, y abierta a la experiencia de las personas protagonistas de la Historia.

Conocer el concepto de víctima del conflicto social y armado requiere, entonces, que conozcamos y caracterizamos la crisis social, el modelo de guerra, los atentados masivos, y sobre todo el sujeto social sobre quien recae la victimización, que puede dar como resultado una trama de identificaciones que dé soporte a una nueva noción liberadora.

Referencias:

Arias Marín, Alán (2012). Teoría Crítica y Derechos Humanos: Hacia un Concepto Crítico de Víctima. En Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 36 (2012.4) http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2012.v36.n4.42298

Sontag, Susan. Regarding the Pain of Others. New York: Picador/Farrar, Straus and Giroux, 2003; 126.

 

Bibliografía de Apoyo

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Hoyos Vázquez, Guillermo (editor). Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia. Bogotá: Universidad Javeriana, 2007.

Reyes Mate, Manuel. La actualidad de las víctimas. En: Reyes Mate, Manuel. A Contraluz. De las ideas políticamente correctas. Barcelona: Anthropos,

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Tamayo Ayestarán, Alfredo. El narcisismo maligno y las vícitimas. En: Sucasas, Alberto y Zamora, José (editores). Memoria - Política - Justicia. Madrid: Trotta, 2010.

Todorov, Tzvetan. Memoria del mal, tentación del bien. Barcelona: Penísula, 2000.

Verón Ospina, Alberto. El filósofo como cronista de las víctimas. En: Sucasas, Alberto y Zamora, José (editores). Memoria - Política - Justicia. Madrid: Trotta, 2010.

Zamora, José. La provocación de las víctimas. A vueltas con la filosofía de la historia. En: Sucasas, Alberto y Zamora, José (editores). Memoria - Política - Justicia. Madrid: Trotta, 2010.

Zolo, Danilo. La justicia de los vencedores. De Núremberg a Bagdad. Madrid: Trotta, 2007.



[1] Elaboración: Nancy De La Hoz; Sergio De Zubiría S.; Jerson A Arias Acevedo, Edison F. Báez; Álvaro J. Botero Cadavid.

[2] Compassion is an unstable emotion. It needs to be translated into action, or it withers. Regarding the Pain of Others (2003)

 

Debate sobre Víctimas en La Habana

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Escrito por ÁLVARO BOTERO, EDITOR Lunes, 11 de Agosto de 2014 18:11

Sobre Comunicado de las FARC EP a las Víctimas del Conflicto Colombiano

 

Bogotá Agosto 11 de 2014

 

Preparó:

Nancy dela Hoz MD.

Las FARC- EP, con esta comunicación tienden, un puente llamado esperanza, entre La Mesa de La Habana y la sociedad, lo cual implica conferirle un vértice democrático; precisamente, ese vértice permite la caracterización de la crisis democrática y los métodos terroristas que victimizan, que son dos elementos intrínsecamente ligados. Sin estos conceptos claros (Democracia, crisis, terrorismo, víctimas) no es posible la verdad ni la justicia y, por lo tanto, no tendría sentido el camino emprendido en busca de la Paz estable y duradera.

La crisis de la Democracia, como antecedente a la violencia estatal, desarrolla y sostiene una forma de perversión de las instituciones y de la convivencia social. La degradación del modelo en crisis es paulatina y los aspectos psicológicos son muy relevantes conllevan la aparición de fórmulas absolutamente denegatorias de los Derechos Humanos fundamentales y de los principios de legalidad y juridicidad.

La denegación es indispensable en el tipo de conflicto que se desarrolla desde el terrorismo de Estado, y fundamental para la trasmisión del conflicto de generación en generación. Ella opera con el silenciamiento de las víctimas, y la violación de la propia normativa del Estado burgués; el medio habitual por el cual esto ocurre requiere encubrir su responsabilidad, al ocultar la identidad de los homicidas, pero la búsqueda de la legitimación de estos y la de hacer pasar a las víctimas por victimarios y los victimarios por víctimas, toca extremos.

Los generales que se reclaman víctimas, pueden hacerlo públicamente, debido al grado de eficacia de ocultamiento y mentira que se ejerce sobre la población, el eco silencioso de los medio y los conceptos confusos de organizaciones e instituciones que apoyan la propaganda tendenciosa y causan un trauma psicotizante que impide cualquier comprensión. Este comunicado, entonces, pone el dedo en la llaga en este sentido y habla de víctimas, guerrilleros presos, y de todas las víctimas que cobija el DIH, que limita y señala marcos conceptuales a los hechos de victimización, con respaldo en las estadísticas que, de forma lógica, se hacen compatibles con el DIH, que permite se visibilice la realidad del Terrorismo de Estado.

Vale la pena, en este punto, señalar que este terrorismo Estado surge como "un remedio excepcional" al que apelan regímenes de origen democrático en degradación, debido a su debilidad intrínseca y a la negación de los Derechos Humanos, y no a la determinación de la guerrilla de confrontarse con el Estado.

Es muy interesante el análisis que puede salir de las estadísticas del CINEP que, entre otras cosas, nos muestra que el Estado, paramilitares y empresariado son los elementos que producen la gran mayoría de víctimas, de forma por demás monstruosa; esto es, la configuración de un estado terrorista que, sustancialmente, es incapaz de defender el orden social y contrarrestar, con eficacia legal, la contestación social. Es esta incapacidad la que causa que el Estado incorpore el paramilitarismo y logre una relación de doble faz de los aparatos coercitivos: una pública, con la que puede sancionar jurídicamente con leyes, y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal; esta forma clandestina se habría hecho estructural, permanente y propia de los órganos coercitivos estatales, siendo complementario y supraestructural.

En su parte final, el artículo consigna una tipología de víctimas, de la cual trasciende, que además de los agentes del Estado y los paramilitares, otros sectores de la sociedad civil subordinadas al estamento militar pueden consentir y hasta apoyar determinados niveles represivos, en las dinámicas y lógica de los megaproyectos; estos sectores de la sociedad han gozado de la indispensable confidencialidad, conjugada, a su vez, con la necesaria eficacia de la destrucción de capas sociales y oposición política. Es así como la entidad pública se configura en clandestina a ella misma: El Estado represor terrorista es clandestino. Requiere el silenciamiento, la guerra jurídica y el fuego permanente, por esto es que no se habla, no se debate, no se nombra siquiera el cese al fuego bilateral. Podemos pensar cómo contrarrestar el bombardeo permanente de propaganda tendenciosa, que niega la realidad a través de discursos oficiales y mecanismos legales.

Las víctimas, que son la sociedad afectada más directamente, requieren un mayor grado de entereza psicológica y política, pues están llamadas a ejercer el mayor poder trasformador sobre la sociedad, a través de su verdad, su necesidad de existir más allá del dolor, la pérdida, y un entorno hostil y traumatizante. Ellas, en el seno del pueblo consciente y decidido a conquistar el futuro, haciendo el tránsito desde el rescate de la memoria -con propuestas como las mesas por la verdad, la reparación y la reivindicación de los DDHH- abrirían así la puerta al porvenir a una realidad distinta, dónde existir y ser con todos.

 

Las víctimas requieren insertarse nuevamente en el tejido social del Estado, que se les dé pronta información acerca de lo ocurrido, que se les permita hacer toda clase de preguntas y se les conteste lo más sinceramente posible; que puedan participar en la aflicción propia colectiva para la elaboración del duelo, contar con la presencia de sus seres queridos sobrevivientes sin ningún temor, recuperar la palabra, siendo portadores y portavoces de sí mismos, que nos permiten pensar en la tarea a la que estamos abocados, en un intento por conceptualizar la práctica de la violencia sociopolítica y evitar su repetición.

   

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