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RESPUESTA PADRE GIRALDO A EXMINISTRO PALACIO

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN COLOMBIA Viernes, 22 de Octubre de 2010 12:26

Doctor

DIEGO PALACIO BETANCOURT

Ciudad

Aunque no recibí directamente la carta que usted publicó por diversos medios hace unos días, dirigida a mi persona, varios amigos me han hecho llegar el texto y otros me sugirieron buscarlo en el diario El Colombiano en su edición del 16 de septiembre.

 El eje de su escrito es una crítica a la carta que yo le dirigí al Padre John Dear, jesuita estadounidense muy comprometido en actividades en favor de la paz y la justicia, y en la cual yo le expresaba mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Georgetown, centro educativo de nuestra congregación religiosa en Washington, hubiera invitado a dictar conferencias sobre liderazgo al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien, a mi juicio, desarrolló una política sustentada en principios, comportamientos, estrategias y directrices incompatibles con fundamentos éticos universales. Si bien el Padre John Dear no está vinculado a la Universidad de Georgetown, acudí a él como más conocido y amigo, para que transmitiera mis inquietudes a los superiores de la Compañía en los Estados Unidos y a las directivas de la Universidad. Puesto que el hecho era público y escandalizó a muchos millares de personas, no sólo en Colombia sino en muchos otros países, era necesario hacer públicos, también, los cuestionamientos.

Usted se siente aludido, aunque no lo menciono por su nombre, en el párrafo referente a los mecanismos corruptos que rodearon la re-elección presidencial en 2006. Allí defiende su inocencia y afirma que “en algunos casos se ha politizado la justicia y, simultáneamente, se ha judicializado la política”. Yo diría que no sólo en algunos casos; esta es una práctica sistemática que yo he denunciado multitud de veces. Lo invito a leer mi derecho de petición a las altas cortes del 19 de enero de 2009, documento de 180 páginas en el cual demostré minuciosamente la podredumbre de la justicia en Urabá y solicité de manera apremiante que se declarara un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”. Y si quiere ahondar más en esa podredumbre, lo invito a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, en el cual puede documentar en lo más concreto de lo concreto, y de manera abundante, la “politización de la justicia y la judicialización de la política” que usted parece descubrir en su propio caso, pero me sorprende enormemente que un ex Ministro que hizo parte durante 8 años de un gobierno que politizó la justicia y judicializó la política en grado escandaloso, sólo descubra dicha perversión cuando lo toca personalmente.

Dejando de lado, Doctor Palacio, los intentos del ex Presidente Uribe por cooptar todos los órganos del aparato judicial y disciplinario, con miras inocultables a neutralizar las decisiones que lo afectaban a él y a su gobierno, llegando a tildar de “terroristas” o “politiqueros” a los funcionarios que no se le sometían, así fueran magistrados de altas cortes, lo que más envileció la administración de justicia fue que ésta, sobre todo en la periferia, fue controlada y ejercida por el poder ejecutivo a través de brigadas militares, distritos de policía y organismos de seguridad del resorte de la Presidencia, con la estrategia del montaje judicial puesto al servicio de intereses inconfesables. Todo revela, Doctor Palacio, que usted ignora los millares de millares de tragedias y sufrimientos que esta política llevó a humildes hogares de campesinos, de trabajadores urbanos, de indígenas, de gentes comprometidas en organizaciones y movimientos sociales estigmatizados y de militantes de la oposición política. En ese modelo de “justicia” adulterada y envilecida, el poder ejecutivo impuso el sistema probatorio del sólo testimonio, manipulado éste mediante el chantaje, la tortura, la amenaza y sobre todo el soborno, apoyándose en la política de recompensas que degeneró en la más perversa compra de conciencias, la cual afectó destructivamente el patrimonio moral del país y generalizó el principio del “todo vale”, característica inconfundible del gobierno que terminó y que lo colocó en los antípodas de la ética.

Lamento, Doctor Palacio, que usted sólo perciba la politización de la justicia y la judicialización de la política en “algunos casos” y no en las estrategias políticas del gobierno en el cual usted participó durante 8 años. Nunca es tarde, sin embargo, para tomar conciencia de las realidades en que estamos sumergidos y que a veces nos enceguecen e inmovilizan. Lo invito de nuevo a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil” para que vea cómo funciona esa “justicia” envilecida en los meandros concretos de la cotidianidad que afecta a las masas humildes de este país.

n la parte final de su carta usted me coloca entre quienes, en lugar de buscar justicia, buscan venganza, a la vez que se muestra contrariado por mi apelación a los principios éticos, los cuales, según usted, no pueden ser reivindicados exclusivamente por quienes “ya condenaron al presidente Uribe”. Supongo que insinúa que existe una ética acorde con los comportamientos, directrices y principios que inspiraron dicho gobierno, la cual yo quisiera ver explicitada en beneficio de un sano debate. Finalmente usted califica mis denuncias y apelaciones a la ética como posiciones que “no reflejan un sentimiento ni un comportamiento cristiano” sino una posición ideológica; un “odio profundo y resentimiento infinito”.

Me he preguntado qué lo pudo llevar, Doctor Palacio, a calificar mi escrito como inspirado en deseos de venganza y en sentimientos de odio. ¿Quizás un deseo de deslegitimar mi clamor por la ética de nuestras instituciones religiosas, no discutiendo la veracidad e inmoralidad de los hechos concretos y de las políticas denunciadas, sino eludiendo el debate y tratando de estigmatizar gratuitamente a la persona denunciante? ¿Quizás un deseo de callar al denunciante dándole un golpe bajo, donde más le duela, que son sus principios éticos y religiosos que riñen con la venganza y con el odio? ¿Quizás la carencia de argumentos para desmontar realidades que son inocultables y de público dominio, recurriendo entonces a la descalificación de quien las censura?

Aunque frecuento reuniones de víctimas demasiado heridas por las atrocidades que las han destruido y que no ocultan sentimientos de venganza, he procurado siempre, no sólo en cumplimiento de deberes religiosos sino por profunda convicción, transformar los deseos de venganza en deseos de justicia, poniendo el énfasis en la búsqueda de caminos que garanticen la no repetición de los horrores y en la corrección de las conductas que han llevado al exterminio de tantas vidas y a la destrucción de tantas comunidades y formas de supervivencia. Esto es muy diferente de la venganza en la cual se alimenta el deseo de someter a sufrimientos equivalentes a los victimarios. Puedo decir que la inmensa mayoría de las víctimas con las cuales comparto reflexiones y sentimientos, están muy lejos del odio y la venganza, la cual buscaría reproducir el sufrimiento en los responsables de las atrocidades. Al contrario, suelo escuchar permanentemente de boca de padres, madres, esposas, hijos y hermanos de las víctimas, una frase que se ha vuelto proverbial en nuestro pueblo pobre y sufrido: “eso no se lo deseo ni al más sádico de los victimarios” (refiriéndose a lo que a ellos les han hecho).

Usted, Doctor Palacio, afirma en las últimas líneas de su carta, que se debería pedir justicia, y una “justicia pronta, imparcial y objetiva”. ¿Acaso no es eso lo que hemos buscado por muchas décadas sin éxito alguno? ¿Ignora usted, acaso, la impunidad que afecta a millones de crímenes de lesa humanidad, e ignora también los mecanismos sistémicos de impunidad, registrados, documentados y analizados por tantos organismos nacionales e internacionales?

Ante su inconformismo frente a mis denuncias y frente al clamor para que no se ofrezcan cátedras a quienes han regido aparatos tan corruptos y criminales, no puedo entender qué es lo que usted propone. ¿Sugiere, acaso, que nos callemos y dejemos que las estrategias y comportamientos que han destruido a tanta gente sigan vigentes sin oposición alguna, y aún más, se conviertan en modelos de exportación? ¿A ese silencio; a ese conformismo; a ese ajuste, lo llamaría usted un comportamiento “ético” y “cristiano”?

Pero lo que encuentro más difícil de entender en su discurso es la coherencia entre palabras y hechos. Usted aboga por posiciones y discursos ajenos a la venganza y al odio y en eso estoy en total acuerdo con usted. Pero, si esa es su posición y esas son sus convicciones, ¿cómo pudo permanecer usted ocho años como integrante del gobierno del ex Presidente Uribe, si unos de sus rasgos más destacados y característicos fueron justamente el odio y la venganza?

Nadie ignora que el Doctor Uribe fue víctima de las FARC, pues según lo han difundido todos los medios masivos, su padre fue asesinado por dicho grupo insurgente. Llegado a regir los destinos del país, hizo de su afán de venganza el eje de su política de seguridad, descartando todo entendimiento o diálogo en torno a los objetivos políticos y sociales de la insurgencia y absolutizando la guerra a muerte que llevara a su exterminio. El lenguaje que utilizó para ello hirió permanentemente la sensibilidad de enormes capas sociales, y los imaginarios militares, siempre envueltos en la emotividad del odio más acendrado, inundaron los medios masivos. Su obsesión patológica por la “seguridad”, interpretada a la medida de sus odios, llevó a crear un ambiente nacional de desconfianza y de prejuicio generalizado entre los ciudadanos; a presumir prácticamente un “enemigo” potencial detrás de cada compatriota; a poblar de costosos aparatos de seguridad e inteligencia todos los despachos públicos y privados, hasta acostumbrarnos a que si uno no se somete a que lo consideren un delincuente o un terrorista mientras no pruebe lo contrario, no puede ingresar a ninguna oficina. El país se tuvo que acostumbrar a escuchar que su Presidente incitara a matar por todas las emisoras y cadenas televisivas, y a que lo hiciera con lenguajes crudos e impúdicos que hacían inocultable un afán de venganza radical, así como a los espectáculos macabros de cadáveres destrozados y ensangrentados, sobre los cuales el gobierno hacía festejos interminables de condecoraciones, alabanzas y ascensos, mientras los medios mercantilizaban la barbarie sin pudor.

Pero los círculos del odio y la venganza no terminaron en los grupos insurgentes. Usted, Doctor Palacio, como acompañante del Jefe del Estado en dos períodos consecutivos y co-autor activo o pasivo de todas sus políticas y decisiones, sabe de sobra que ese odio cobijó con creces a los movimientos sociales; a los grupos de oposición; a quienes denunciaban cualquier atrocidad y a quienes no compartían su modelo de sociedad centrada en el poder de las empresas transnacionales y en las políticas globalizadoras de los Estados Unidos. Odió particularmente a los movimientos y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, en quienes veía obstáculos para implementar sus métodos de exterminio. Usted lo sabe de sobra pero es necesario recordarlo aquí: la única forma de darle apariencia legal a esas descargas de odio contra líderes sociales o humanitarios, era inventándoles nexos con la insurgencia, para que el aparato de justicia y/o el militar-paramilitar actuaran contra ellos y ellas, con miras a neutralizarlos o exterminarlos. Es dentro de esta estrategia donde el poder ejecutivo usurpa las funciones del poder judicial o lo coopta, y así se multiplican por doquier procesos con captura y años de prisión en los que los militares detienen sin orden judicial alguna; construyen “pruebas” pagando a desmovilizados avezados en el crimen para que rindan falsos testimonios; mezclan la amenaza y el chantaje con el soborno para lograr aceptación de cargos y sentencias anticipadas, luego de convencer a sus víctimas de que no tienen otra escapatoria, mientras los funcionarios judiciales se limitan a refrendar los montajes militares, pisoteando todos los principios del debido proceso, de los códigos internos y del derecho internacional. Es, quizás, superfluo, recordarle todos estos mecanismos a quien participó en el más elevado círculo del poder político por ocho años, y que de seguro conoció mucho más a fondo estas estrategias en su misma fuente. No dudo que usted participó en la discusión de la Directiva Ministerial Permanente No. 29, del 17 de noviembre de 2005, en la cual se tasa en sumas diferenciadas de dinero el exterminio de vidas humanas, pues si no la hubiese aprobado o hubiese estado en desacuerdo con ella, era lógico esperar su renuncia, la que nunca se produjo.

¿Cree usted, Doctor Palacio, que la actitud del ex Presidente Uribe frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no se fundó en sentimientos profundos de odio? ¿Cómo explica usted que jamás hubiese tomado medida alguna para proteger a esa población de las continuas masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, robos de animales de carga, de ganado, incineración de viviendas, destrucción de cultivos, amenazas de muerte, anuncios persistentes de exterminio y otras muchas atrocidades, todas perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, puesto que los paramilitares se movilizan conjuntamente con las tropas, coordinan sus movimientos y hasta cocinan juntos el almuerzo a la vista de todas sus víctimas? A pesar de que el Doctor Uribe fue informado con detalle y oportunamente de cada crimen, ¿por qué cree usted que eludió durante los ocho años en que usted lo acompañó, toda acción de control y protección, como se lo ordenan preceptos específicos de la Constitución Nacional? Aún más, ¿por qué cree usted que el Doctor Uribe profirió cinco calumnias contra la Comunidad de Paz, difundidas por todos los medios masivos de información, y no quiso retractarse a pesar de que se le demostró que su actuación violaba lo preceptuado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191/04?

Quizás argumente usted, Doctor Palacio, como lo han hecho varios de sus camaradas, que al ex Presidente Uribe no se le puede hacer responsable de muchas cosas lamentables que ocurrieron durante su gobierno y en las cuales él no habría tenido el poder decisorio. Sin embargo, todos los procedimientos y estrategias que mencioné en mi carta al P. John Dear, constituyeron elementos articulados de políticas conscientemente diseñadas, múltiples veces denunciadas pero tozudamente mantenidas activa o pasivamente, en contravía de los preceptos constitucionales que hacen del jefe del Estado el garante supremo de los derechos constitucionales. Hoy día la justicia universal, saliéndole al paso a la elusión de responsabilidades en numerosos genocidios de la historia, ha definido más rigurosamente la responsabilidad de mando, identificando el rol de quien dirige un aparato criminal sin dar una sola orden concreta de cometer un crimen, pero sabiendo que la máquina que dirige y controla, a través de sus múltiples mecanismos propios, los ejecuta al por mayor. En realidad, el orden jurídico acatado por tribunales internacionales, establece que a una persona natural se le imputan los resultados de una acción como si fuera suya, aunque no la haya ejecutado materialmente, cuando el deber de evitar ese resultado era jurídicamente exigible. La Constitución colombiana no deja dudas al respecto.

Ciertamente, Doctor Palacio, me queda muy difícil comprender que usted recomiende actitudes ajenas al odio y a la venganza, luego de haber participado en las más altas instancias de un gobierno que pasó a la historia como prototipo del odio y la venganza convertidos en poder. Y peor aún, que me acuse a mí de abrigar sentimientos de odio o de venganza por expresar mi desacuerdo con que ese modelo sea exportable a través de ingenuos programas académicos encubridores. Usted bien sabe que mis palabras fueron un sonido en el desierto, pues el Doctor Uribe dictó de todas maneras sus conferencias en Georgetown, donde se impusieron finalmente las razones del poder. Estoy acostumbrado a clamar en el desierto, en un mundo y una sociedad que asimila cada vez más el “todo vale”, pues se le ha inoculado tal miedo a pensar y a ser diferente de lo que afirma y permite el poder, que se ha rutinizado la pasividad y el ajuste al “statu quo”, así éste sea el más atroz.

 

 

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

 

FORO SOCIAL MUNDIAL PARA LA MIGRACIONES QUITO, OCTUBRE 8- 12 / 2010

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Escrito por FUNDACION WALTER BENJAMIN COLOMBIA Domingo, 10 de Octubre de 2010 17:13

PRESENTACIÓN DEL PANEL DE LA FUNDACION WALTER BENJAMIN PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

 QUITO, OCTUBRE 8- 12 / 2010

EFECTOS PISCOSOCIALES DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLITICA

 Nancy Delahoz, MD, Psq. UN

En la presente exposición pretendo ocuparme parcialmente de un fenómenoque se ha dado de forma recurrente a lo largo de nuestra historia: La ocupación ilegal y forzada de territorios, utilizando la invasión paramilitar, con  el consecuente éxodo de sus pobladores hacia las ciudades, dejado por resultado vastos territorios a disposición de varios megaproyectos que articulados con la economía mundial globalizada,. Han sido dos siglos de violencia endémica que han dejado su huella sociológica y psicológica en la totalidad de la población.

En la historia de Colombia, se pueden identificar dos elementos consustanciales a la migración interna: la expulsión y expropiación de poblaciones pobres y la protección del Estado a los invasores armados. La atención psicosocial, a cargo de instituciones gubernamentales, y muchas organizaciones no gubernamentales, que obedecen al discurso de los derechos humanos es, también, parte del negocio, que se completa con la vinculación de los campesinos, ahora población urbana, a la economía, en forma de insumos para pequeños y medianos emprendedores, quienes ofertarán servicios y tramitarán su integración a la sociedad.

Tenemos así un modelo de violencia que se recrea a sí mismo, pero que, en este tránsito, se muestra como productor de riqueza, ofreciendo condiciones para el  reordenamiento de las relaciones sociales y de producción.

La migración de los años 90 y de los primeros años del siglo XXI, se ha dado en el marco de un extendido conflicto social y armado, que se esgrime como causa de la misma. Esta es la postura oficial, que no explica que la concentración de la tierra en pocas manos es funcional a la economía transnacional y., por lo tanto, de los terratenientes y la clase política dominante, sin excluir el trafico y producción ilícito de drogas para el lucrativo mercado del mundo desarrollado.

Entonces, en Colombia se está desarrollando un genocidio, cuyo fin es el éxito de los proyectos económicos transnacionales,  y cuyas consecuencias traspasan las fronteras, como es de esperarse en un mundo globalizado. La mayor amenaza, a mi modo de ver, es el perfeccionamiento de este modelo, ensayado antes en Centroamérica y otros países latinoamericanos.

La otra cara de esta guerra, que es a la vez método y consecuencia, y que garantiza el triunfo del modelo ya expuesto, obedece a la lógica de la persecución y eliminación de las organizaciones sociales, involucrándolas en el contexto de guerra irregular, caracterizada, desde distintos vértices, como conflicto asimétrico, difusa guerra civil o guerra de baja intensidad. Este tipo de conflicto, modifica sustancialmente la configuración de las sociedades que las padecen y, por qué no, de las que las perpetran. Algunos de los factores que conducen a esta modificación son

1. La predeterminación de las víctimas;

2. Un flujo constante de muertes lejos del combate;

3. Ausencia de periodos de descanso;

4. Ausencia de parámetros espaciales;

5. Falta de reconocimiento del enemigo, no pudiendo darse cuerpo a una enemistad reciproca.

6. Cooptación de los medios de comunicación y autocensura.

Lo que pretendo mostrar es cómo se mata y se violenta a nuestras comunidades para después culparlas por esto, para sumergirlas en la inmovilidad, dejándolas vulnerables para futuras intervenciones “HUMANITARIAS” QUE NO SON OTRA COSA que la legitimización del modelo.

Uno de los efectos esenciales de esta guerra es la afectación de la subjetividad de la población. Este efecto es determinante del triunfo, pues es funcional con la desactivación de la resistencia de las poblaciones, lo que abre las puertas al saqueo de recursos naturales, minimiza y uniforma el uso de estrategias de dominación, y aporta eficiencia, sumando peso a los valores y sentido de vida de los perpetradores.

La militarización de la vida civil, propia de este tipo de conflictos, es el marco para que la violencia sistemática, modificadora directa de la subjetividad y de las acciones de guerra, sean asumidas como algo natural. Así pueden prolongarse en el tiempo y adquirir un carácter epidémico, llegar a crear en el imaginario un submundo poblado por “sub humanos” que, como tales, se pueden utilizar y desechar: estos, básicamente, son los desplazados.

 

 AQUI VIENEN UNAS DIAPOSITIVAS CON TEORIA PSICOANALÍTICA SOBRE LA DESTRUCTIVIDAD, ACTO CRUEL, VICTIMAS Y EL CASO; SON 20

GRACIAS ndh

 

 

PARAGUAY, DEMANDA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

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Escrito por Administrator Lunes, 30 de Agosto de 2010 17:19

PARAGUAY, DEMANDA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Jairo Rubio, Colectivo CWB

Entre el 11 y el 15 de agosto en Asunción, Paraguay los pueblos de América Latina participaron con un importante número de delegados a IV FORO SOCIAL DE LAS AMERICAS, la delegación internacional de la Coordinadora Latinoamérica de Organizaciones del Campo, Vía Campesina -CLOC/VC-, marchó junto al pueblo paraguayo con consignas antiimperialistas, por reforma agraria, contra la militarización latinoamericana, etc .

La Declaración de la  IV AMERICAS, señala en uno de su apartes “Los movimientos sociales presentes en el IV Américas, en Asunción del Paraguay, reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con el pueblo paraguayo, ante la urgente necesidad de avanzar en su proceso de cambios profundos, hacia la recuperación de la soberanía sobre su territorio, bienes comunes, recursos energéticos, en la concreción de la reforma agraria y de la democratización de la riqueza”. Solidaridad y compromiso internacional fue el ingrediente que se respiró durante el Foro, recordemos que Paraguay por más de 40 años fue sometido a una de las dictaduras más crueles del sur del continente americano, fue el periodo de Stroessner, dictadura superada por una democracia, que no se dice en guaraní “jeguata ha pypore”  (andando y dejando huella), hoy apenas se supera. El Presidente Fernando Lugo, no es mucho lo que puede realizar y promover, permanece enredado  por problemas de su pasado faldero que en las soluciones concretas de a los problemas comunes del pueblo paraguayo, tan comunes en América Latina, recordemos que el parlamento está en manos de la derecha paraguaya (Colorados, Blancos y Liberales), la alianza política entre la fuerza social de Lugo y Liberal, le permitió llegar al poder, ésta representa tan solo 4 escaños de los 48 miembros del parlamento. Paraguay, como en la guerra de 1865, se apresta para ganar una dura batalla más, ayer fue contra la triple alianza Brasil, Argentina y Uruguay, hoy contra el poder terrateniente, burgués y proimperialista. 

Recientemente se promulgó la ley de reforma agraria, que deja incólume el gran capital terrateniente dedicado a la ganadería extensiva, su principal renglón de exportación de carne en canal a Europa y otros países. La embajada de los Estados Unidos por su tamaño, es la más grande en América Latina, para una nación con escasos 6.5 millones de habitantes, de los cuales 1.5 viven a Asunción. Ya el imperialismo monto su base militar en territorio paraguayo, demostrando de esta manera las perversas intensiones de Washington sobre Bolivia, ya cuenta con una base paramilitar norteamericana en Perú. Los comunistas colombianos debemos estar atentos y armar el alboroto sobre el desarrollo de las Bases Militares en nuestra patria y en el continente latinoamericano, pues el hecho de que la Corte Constitucional haya declarado inconstitucional el montaje de éstas en territorio colombiano, no hay que olvidar que el gobierno del Presidente Santos es de confianza de los gringos y responde a los intereses del aparato militar norteamericano diseñado en el Pentágono.

Finalmente, la declaración termina afirmando: “Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el ybymarane'y (tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir). Nos comprometemos a reforzar la lucha por la soberanía de nuestros pueblos, la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y su vida y por el reconocimiento de la diversidad sexual. Construimos alternativas que parten de los acumulados en las resistencias desde la interrelación de diversas perspectivas anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales y anti-racistas, al mismo tiempo que avanzamos en la búsqueda de otro paradigma centrado en la igualdad, el buen vivir, la soberanía y la integración fundamentada en el principio de la solidaridad entre los pueblos.”

Nuestra América está encamino!

¡Ñane Amérika TeeOñemongu' Ehín!

   

DESOBEDIENCIA CIVIL AL URIBISMO “TRIUNFANTE”

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Escrito por Administrator Jueves, 01 de Julio de 2010 16:26

Con el sol y la Corte Penal Internacional a las espaldas el presidente Uribe valido de las mayorías “del pírrico 30% del censo electoral” obtenidas por su heredero JM Santos en las pasadas elecciones plagadas de trampas y delitos electorales ha resuelto acallar, por tres meses – más allá del 7 de agosto de 2010 – cualquier manifestación de protesta y oposición a su nefasto mandato.

 

El presidente que se inventó hace 5 años la Ley de justicia y paz para legalizar a sus compinches paramilinarcopolíticos, que al no poder convertirlos en delincuentes políticos, por decisión de la Corte Constitucional, para que luego de 5 a 8 años de cárcel de lujo, casa por cárcel o cualquier detención benigna salieran con todos sus derechos civiles intactos y sus fortunas criminales legalizadas a disfrutar las mieles del poder económico y político, que resolvió extraditar a los principales cabecillas proclives a denunciar a sus promotores civiles y militares en altos cargos del estado generando la mayor impunidad sobre sus terribles crímenes en el país; ese mismo presidente ha resuelto decretar nuevamente el Estado de Conmoción Interior, argumentando impedir la salida de las cárceles de lujo, de la casa por cárcel o de las detenciones benignas de los mandos medios de la paramilinarcopolítica.

 

Hoy, luego de 5 años de vigencia de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, cuando solo han sido condenados “Diego vecino” y “Juancho dique” (Revista Semana, Junio 26 – julio 2) y campea la impunidad, el presidente saliente resuelve esgrimir el peligro de impunidad como HECHO GRAVE SOBREVINIENTE para justificar la declaratoria de Conmoción Interior. Es claro que la Corte Constitucional declarará la inexequibilidad de este engendro, como es claro que Uribe lo sabe, como sabe que podrá actuar con las manos de dictador durante 90 días, es decir hasta el 7 de agosto de 2010.

 

Las fuerzas de oposición que venimos adelantando la formidable tarea de las Marchas Patrióticas y del establecimiento de Cabildos Abiertos, para el mes de julio, días 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 y 21, en el marco de la conmemoración alternativa del Bicentenario, no podemos aceptar que se vulnere el derecho a la manifestación pacífica, al derecho de reunión en sitio público o privado que subyacen en el autoritario y dictatorial decreto presidencial.

 

La bancada parlamentaria del PDA debe denunciar y combatir este decreto en el Congreso Nacional.

 

La Gran Coalición Democrática, la Minga Social y Comunitaria, la Coordinadora Nacional Agraria y sus organizaciones sociales y políticas integrantes, debemos rechazar vehementemente este engendro, reclamar la vigencia de los derechos sociales y políticos de los colombianos y realizar las actividades de protesta programadas apelando a la desobediencia civil a un régimen dictatorial. Debemos hacer un llamado a la comunidad internacional, a los organismos internacionales de DDHH y a los gobiernos democráticos del continente para que impidan que estas actividades civilistas vayan a ser pasto de la represión violenta por parte de las FFMM y de Policía.

 

¡¡ Viva la Marcha Nacional Juvenil del Bicentenario!!

 

¡¡ Viva la Marcha patriótica por la independencia!!

¡¡ Vivan los Cabildos Abiertos Regionales!!

 

¡¡ Viva el Cabildo Abierto Nacional!!

 

Desde las calles de Colombia. Junio 30 de 2010.

 

Bayardo Ariza Olarte.

Colectivo WB

 

EL SUEÑO BOLIVARIANO

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Escrito por Administrator Domingo, 27 de Junio de 2010 19:31

Claudia Arévalo, TJER, Colectivo WB.

La celebración del Bicentenario de la Independencia invita a realizar un balance de lo que han sido estos 200 años de vida republicana. Más aun en las circunstancias actuales cuando los principios de la Revolución Francesa, que hace dos siglos fueron el soporte ideológico y simbólico del movimiento independentista, son tan impunemente vulnerados y cuando la dinámica política del país plagada de paramilitarismo y corrupción, hace más lejano el sueño bolivariano.

 

Una parte importante de ese balance está determinada por el análisis de las repercusiones del discurso hegemónico ampliamente difundido y aceptado, así como de lo que revelan las celebraciones promovidas desde esta postura. En el presente artículo se hará una breve aproximación a estos dos tópicos.

 

Para comenzar, es justo decir que el discurso histórico no sólo ha ofrecido una visión sesgada de los hechos, sino que, en sí mismo, ayudó a trazar el derrotero del país. El discurso oficial atribuye el desarrollo y posterior éxito de la lucha por la Independencia a la élite culta que enarboló las banderas de la Revolución Francesa y que, inspirada por los sucesos acaecidos en Estados Unidos, manejó al pueblo en busca de la emancipación. Esta versión mitifica y anquilosa el pasado, resta protagonismo a los sujetos históricos de cambio y degenera en el mesianismo.

 

Frente a esta situación, es necesario divulgar las investigaciones que reivindican el rol desempeñado por las clases subalternas, pues la transformación de un país no es posible con el cambio de sus gobernantes, sino que, para lograr este objetivo, es fundamental la conciencia y la lucha del pueblo.

Los sucesos ocurridos en 1810 fueron producto de la insatisfacción de las masas que, desde hacía varios años, venía manifestándose contra la tiranía y de ello dan cuenta los levantamientos de finales del siglo XVIII[1]. Del mismo modo, lo ocurrido el 20 de julio de 1810 no se reduce a un día ni al papel jugado por la casta criolla sino que:

A partir de aquella tarde y durante las siguientes tres semanas- y con mayor intensidad entre los días 20 y 26 de julio- con flujos y reflujos el pueblo mantuvo vivo un movimiento revolucionario con su acción permanente y sin liderazgo. Mediante su exigencia logró que se instaurara un cabildo abierto; su intervención decidida garantizó el control de la artillería; llevó a prisión a algunas autoridades y cuidó de cualquier intento contrarrevolucionario.

Distinta fue la actitud del notablato de criollos y aristócratas. En los primeros momentos temió a la indignación popular, luego se aprovechó de ella para acomodarse en el poder, y cuando tuvo su control actuó contra el pueblo reprimiendo su participación y beligerancia para asumir una sospechosa postura de benevolencia y de vergonzosa condescendencia ante las corruptas y crueles autoridades, a quienes liberó y dejo ir, no sin antes ofrendarles honores y disculpas.[2]

 

Era apenas natural que los criollos asumieran esta actitud, pues temían perder sus privilegios si las manifestaciones de inconformismo socavaban la estructura social existente; y sin duda, esa ha sido la postura de la élite durante estos 200 años. Pero, esa actitud es, también, una muestra de la recepción de los ideales democráticos por parte del pueblo y de su constante lucha por la emancipación y la justicia:

(…) ese miedo antidemocrático de  las clases dominantes colombianas a través de la historia, que costó tantas víctimas entre las clases subalternas (en sucesos como el golpe de Melo de 1854, el motín de 1893, la masacre artesanal de 1919, la huelga de las bananeras de 1928 y el 9 de abril de 1948, como los hitos más conocidos), indica que la lucha por construir la Democracia social, por la cual actuaban los sectores populares, era uno de los motores del cambio social y que algunas de las acciones populares expresan una recepción singular del legado igualitarista de la Revolución Francesa.[3]

 

Por décadas, las celebraciones del 20 de julio han hecho eco de la interpretación hegemónica de la historia. En el artículo 20 de julio de 1810, referente obligado y conmemoración legítima, de Santiago Díaz, se muestra que, durante los años inmediatamente posteriores al levantamiento en Bogotá, las celebraciones fueron sentidas e incluyentes. Durante las fiestas, que se prolongaban por varios días, se realizaban bailes, máscaras, cabalgatas, obras de teatro, ‘liberación de esclavos’ y, por supuesto, los actos litúrgicos, que no podían faltar. De todo ello se infiere que el pueblo tenía una mayor participación en las celebraciones; por ejemplo, en el 10º aniversario del 20 de julio, cuenta José Manuel Groot en Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada que:

(…) Todos los habitantes de la ciudad se pusieron en movimiento con las fiestas de Bogotá, hasta los que no iban a ellas, porque no quedó uno a quien no le tocara algo que hacer. Hubo bailes permanentes, porque se bailaba hasta entre el día. Comidas y refrescos no se diga, porque allí fue donde sacaron vientre de mal año los botilleros y reposteros, entre quienes presidían Julián y el Mellizo. Por lo que hace a la gente campesina, hubo ríos de chicha, diluvio de mazamorras y bollos como llovidos”[4].

 

Con el tiempo, el 20 de julio ha ido perdiendo su significación y se percibe como una celebración oficial, pero no popular, aunque cuente con el respaldo gubernamental. Y quizá es justamente por eso que la conmemoración toma tintes de lejanía y falsedad. Las últimas celebraciones se han caracterizado por un desfile militar interminable y el discurso demagógico del gobernante de turno. Distinto es el caso del 1º de mayo, cuando en las calles se abarrotan miles de trabajadores, estudiantes, indígenas y afrodescendientes, entre otros muchos sectores que sienten esa fecha como una celebración propia y derrochan alegría, dignidad y camaradería.

 

Sin pretender desconocer los logros de la República, puede decirse que esa apatía o ausencia de fervor nacional obedece a los hechos que se vienen presentando en el país y que hacen del 20 de julio una formalidad carente de contenido. Ya desde 1810 ronda la percepción de haber cambiado la tiranía española por la tiranía criolla y paulatinamente por la gringa.

 

El artículo de Santiago Díaz es una muestra de cómo han sido las celebraciones oficiales, pero desconoce cuál ha sido el sentir de los sectores obreros y populares. Para retomar brevemente esta faceta de la historia podemos citar como hecho revelador la celebración del centenario. Eran muy recientes entonces las heridas propinadas a la soberanía nacional con la pérdida de Panamá y la guerra fratricida de los Mil Días. En la conmemoración no faltaron el típico discurso, las paradas militares, la misa, exposiciones agroindustriales y la inauguración de monumentos; todos estos eventos fueron prontamente registrados en la prensa de la época. Sin embargo, y gracias a la caída de Reyes, hubo un respiro democrático en aquel año y surgieron varias publicaciones obreras entre las que se destacaban Thalía, Chantecler y Ravachol. Los artículos que de este último periódico se conservan son sumamente críticos:

Hoy que está próximo el 20 de julio de 1910, el pueblo bogotano duerme bajo la férula del despotismo como un rebaño de almas; la miseria pública se cierne como un buitre desolador; los hombres públicos en su mayoría se venden como lacayos; la Duma ofende ya el rezago del pudor colombiano; la juventud en los jefes y caudillos políticos sin carácter no espera nada, sino enseñanza perniciosa, naufragio de conciencias es lo que mira como ejemplo corruptor por todos lados, sin más esperanza que su propio esfuerzo.

Ahora cien años, el Sr. Virrey Amar y Borbón dejó al pueblo en libertad de reunión, para que pudiera aclamar sus ediles que se constituyeron en cabildo abierto, y ¡qué oradores! Y ¡qué hombres! Camilo Torres, el defensor de la igualdad; Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, y tantos y tantos patricios que sin miedo fraguaron la portentosa revolución de 1810, para hacernos patria.

Hoy, el señor Gobernador de Cundinamarca, más autoritario que el régimen español, nos impide las reuniones populares, y de fijo no permitirá, que congregados en la plaza pública saludemos a los próceres de la Independencia Nacional.

Resumiendo: El 20 de julio de 1810 fue el precursor de nuestra emancipación política: el 20 de julio de 1910 es la eterna noche de la dictadura de los autócratas descendientes de España.[5]

 

Del mismo modo, Juan Francisco Moncaleano, Director de Ravachol, hace mención de cómo fue la celebración para la gran mayoría de los colombianos, que en 1910 vivían en la pobreza:

Ya pasaron las fiestas ¡Qué lujo de carruajes y de casas! Fue la pomposa fiesta de los potentados, con perjuicio de los desheredados de la suerte ¡Cuántos hogares enfriados por el hambre y la miseria! ¡Cuántas lágrimas vertidas en silencio en las bohardillas! ¡Cuántos lamentos que se mezclaban al ruido atronador de la música y al bullicio de los dichos de los que gozan del banquete de la vida1¡Cuántos anhelos comprimidos que en los rincones de los hogares sin pan bullían torturadores en la mente de los que sufren el desamparo social!(…)[6]

 

La prensa obrera y popular mantuvo también una postura crítica frente al patriotismo exacerbado e irracional con el que se justificaba la represión y bajo cuya tutela se justificaba y se justifica aun la guerra contra el ‘enemigo interno’. Es ese chauvinismo el que hoy promueve el odio contra países hermanos y contra quienes disienten del establecimiento. Frente a esa postura belicista y engañosam, Juan C. Dávila, director de El Socialista, manifestaba:

Nacer y morir por la Patria es el lema de todas las banderas. Los cánticos marciales y las músicas bélicas cuya exaltación fascinante tiene un objetivo patriótico, despiertan muchas veces coraje y dan la bravura que por años enteros dormita en el silencio pacífico de los pueblos. Pero cuando la Patria no está servida por hombres que le brinden su amor y adhesión generosa, cuando las castas y los círculos políticos hacen de ella patrimonio feudal, cuando la servidumbre económica y el capitalismo rediviven el cuadro sombrío de siervos y señores, entonces no es posible inmolarse en los altares de esta cara Deidad.

En todas las épocas y con toda clase de dominadores y de jefes de Estado, las multitudes han sido llevadas a la guerra y a la muerte por rescatar ese  «Becerro de oro» del sentimentalismo patrio. Pero pasada la contienda los humildes, los siervos, los esclavos, los desvalidos y los menesterosos, vuelven a ocupar su puesto de oprimidos y de parias sin que cambie jamás su situación: la de vencidos.

(…)  De ahí el concepto científico de socialismo que aspira a la solidaridad de todos los pueblos y que hace suyos todas las causas de injusticia social. La Patria de los desheredados está por hacerse y no se conseguirá sino cuando la humanidad viva en un estrecho abrazo fraternal[7]

 

Los ejemplos citados son una clara muestra de la postura crítica que la clase obrera mantiene frente a las celebraciones oficiales; asimismo, la prensa socialista y proletaria se convirtió en un valioso portavoz del sentir popular, del inconformismo que despertaba en el pueblo una conmemoración cargada de contradicciones.

 

En este Bicentenario las burguesías buscarán imponer nuevamente su visión de los hechos y, junto a ello, intentarán torpedear el proceso de integración latinoamericana; por eso se deben aplaudir los eventos populares y sociales que quieren apropiarse de la celebración y exponer una visión más profunda e incluyente de los acontecimientos.



[1] Revolución de los Comuneros, 1781, por citar el ejemplo más relevante.

[2]Andrés Olivos. El 20 de julio: coyuntura revolucionaria y revuelta popular (1808 – 1810). pág. 139 Panamericana. Bogotá,

[3] Mario Aguilera Peña y Renán Vega Cantor. Ideal democrático y revuelta popular: bosquejo histórico de la mentalidad político popular en Colombia 1781-1948. Pág. 61. ISMAC. Colombia, 1991.

[4] Citado por Santiago Díaz Piedrahita. “20 de julio de 1810, referente obligatorio y conmemoración legítima” en Bicentenario ¿Qué celebrar? Pág.11. Academia Colombiana de Historia. Colombia, 2007.

[5] Ravachol. Bogotá. 17 de julio de 1910

[6] Ravachol. Bogotá. Julio 30 de 1910

[7] El socialista. Bogotá.  Diciembre 2 de 1920

   

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