Resumen Internacional

Gobiernos populares, movimientos sociales y cambio social en Indo-afro-latinoamérica

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN COLOMBIA Miércoles, 09 de Marzo de 2011 20:07


¿Opción democrática para transformar la sociedad o “vía electoral” para tomar el poder?
Las experiencias políticas que han dado lugar a la constitución de gobiernos populares o revolucionarios en el continente han puesto de manifiesto que ganar las elecciones nacionales y hacerse cargo del gobierno nacional si bien no conduce directamente a una revolución, tampoco significa necesariamente el empantanamiento o derrota de los procesos de cambio social. En su corta trayectoria, estas experiencias evidencian que el acceso al gobierno nacional significa además de asumir las responsabilidades y dificultades que conlleva , acceder a un instrumento político clave para desarrollar/estimular procesos de empoderamiento colectivos e impulsar el proceso sociotransformador.
La ampliación de procesos democráticos participativos desde abajo promovidos ahora –conjugadamente desde el aparato gubernamental estatal puede activar/profundizar los procesos de constitución del actor colectivo. Esto va: desde la realización de las campañas masivas de alfabetización anudada a procesos que promueven –desde abajo la participación de los actores sociopolíticos (movimientos sociales, movimientos indígenas, actores sociales diversos), en el ejercicio de funciones de gobierno y del aparato estatal. Ello implica la apertura de procesos de transformación de las formas y normas del ejercicio de funciones institucionales y de la institucionalidad misma, procesos que, reclaman entre varias aristas , la creación de espacios y mecanismos de participación y control popular en todas las instancias superestructurales, recortando cada vez más –a través de ellos , los ámbitos de dominio de los poderes instituidos del capital y de la burocracia que lo acompaña y recicla.
El lugar neurálgico de las Asambleas Constituyentes En los actuales procesos indo-afro-latinoamericanos de búsqueda y construcción democrática de una nueva sociedad, resulta central la realización de asambleas constituyentes. De ellas emana el sustrato jurídico, político y social para una nueva institucionalidad, engendrada embrionariamente en los procesos de luchas sociales, abanderados por la resistencia, el empuje y los reclamos históricos de los pueblos de este continente (con sus organizaciones sociales y políticas), en primer lugar de los pueblos indígenas orginarios y sus comunidades.
Obviamente, no cabe pretender que las asambleas constituyentes sean el motor del cambio. Los pueblos han de prepararse para plasmar en ellas sus puntos de vista, proponiendo y defendiendo contenidos acorde con sus intereses y su proyección estratégica. Pero en esto, como en todo, es importante comprender que el cambio de sociedad es procesal: lo más probable es que no se alcancen todos los objetivos en la primera asamblea constituyente. Habrá que hacer tantas asambleas constituyentes como lo vaya reclamando y posibilitando la profundización y radicalización de cada proceso, marcado en primer la lugar por la maduración política del actor colectivo, fuerza sociopolítica del cambio.
La modificación de las bases jurídico-institucionales de una nación es también parte del proceso de construcción cotidiana sistemática y permanente de los pueblos. Esto implica una modificación de la concepción acerca del lugar y el papel del Estado en los procesos sociales de cambio. Tanto en su interrelación con la llamada “sociedad civil”: con movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones comunitarias, religiosas, etc., como en su interrelación con los gobiernos nacional y estaduales, provinciales, departamentales, etc., en lo jurídico-institucional y en lo democrático-participativo.
Los actuales procesos político-sociales indo-afro-latinoamericanos, particularmente los que tienen lugar en Venezuela y Bolivia, enseñan que desde el gobierno –con voluntad política colectiva como sustrato es posible impulsar la participación protagónica del pueblo en el proceso, y avanzar en la construcción desde abajo del actor colectivo, propiciando procesos de desarrollo de su conciencia y organización, pilares de la construcción del poder popular. Es precisamente por ello que estas experiencias se empeñan en abonar procesos de transformación cultural y política (práctica-educativa) de los pueblos, entendiéndolos como sustrato indispensable para llevar a cabo cambios sociales desde la raíz, sostenerlos y profundizarlos.
Esto se hace evidente particularmente en el proceso actual de transformación que tiene lugar en Bolivia, que se autodefine como una revolución democrático cultural que se desarrolla desde abajo. Los logros están a la vista, también las limitaciones, las amenazas y los desafíos. Una realidad es la que existe en tiempos de oposición y lucha y otra es la que se va configurando cuando los actores sociales que protagonizaron las luchas tienen que hacerse cargo de las responsabilidades gubernamentales y estatales. Hacerse cargo de la administración de un país no solo “es difícil”, sino que también modifica la realidad de los demandantes de ayer que ahora pueden y deben decidir, que acceden a posiciones de poder y del aparato burocrático, que tienen recursos, y que pueden decidir –al menos en parte cómo emplearlos. La vieja cultura sectorial o corporativa puede volver a emerger y frenar o hacer estragos en los procesos. Es por ello que la organización y educación política ocupa o tiene que ocupar el lugar central simultáneamente con todas las demás tareas y actividades. No hacerlo puede llevar al debilitamiento o incluso al naufragio del proyecto revolucionario.
Dar la espalda a tales contiendas, implicaría de hecho , la negación de toda política, a la vez que tornaría un sinsentido las luchas sociales, los procesos de acumulación de fuerzas y la construcción sociopolítica toda, ya que -de antemano- estos tendrían límite que –por definición- no se debería traspasar. Igualmente sería un contrasentido circunscribir toda la acción y la construcción sociopolítica a la lucha por ganar elecciones, trastocando fines y medios, transformando el camino en objetivo, clausurando así toda proyección, tracción, organización y capacitación de las fuerzas sociales para actuar en pro de la superación del estado de cosas.
Hacer política es imprescindible y fundamental. 
El problema radica en cómo hacer política de un modo y con un contenido diferente al tradicional, para no ser funcional al poder del capital. Los nuevos movimientos sociopolíticos apelan a metodologías participativas y buscan incrementarlas y desarrollarlas en aras de ampliar las articulaciones sociales y superar la desconfianza instalada en las mayorías populares hacia el estado, el gobierno, los partidos políticos, los políticos y la política, y la apatía, el apoliticismo y el quemeimportismo reinante en amplios sectores de la población, que la alejan de su vital e insustituible protagonismo.
Lo expuesto permite reafirmar una hipótesis: en las condiciones actuales de Indo-afro-latinoamérica, la disputa político electoral por el gobierno nacional es parte de los procesos de cambios. En esta perspectiva, lo que podría entenderse como vía electoral para realizar las transformaciones sociales, resulta hoy para los pueblos una posibilidad real, un camino para fortalecer o debilitar los procesos de construcción, acumulación y crecimiento de poder, conciencia, propuestas y organización política propias, en proceso de (auto)constitución de los actores sociales y políticos en sujeto colectivo (popular) del cambio. Pero esta opción no es el “camino electoral para la toma del poder”; implica otro modo de concebir (y realizar) la transformación social.
No se trata de reemplazar la insurrección por las urnas Si una fuerza p conjunto de fuerzas sociopolíticas que propugnan el cambio social comprenden que este transita anudado a los procesos democráticos y democratizadores, no pueden concebir su participación en los procesos electorales como un “truco” para llegar al gobierno y “dar el manotazo”.
Pretender que una vez ganadas las elecciones, al asumir el gobierno se puede actuar obviando la correlación de fuerzas existente (conciencia, organización, hegemonía cultural y poder económico), conduciría al contrario de sus suposiciones , a estériles enfrentamientos con los adversarios políticos, a sembrar la confusión y el aislamiento del proceso sociotransformador que se pretende afianzar y ampliar cuestión que supone profundizar la construcción de fuerza y poder propios , y a relegar la lucha cultural democratizadora, clave de la construcción de una nueva sociedad y una nueva civilización humana, corazón del tránsito –con marchas y contramarchas hacia lo nuevo.
Este tránsito reclama como eje vertebrador del mismo la conformación de un actor colectivo, fuerza social y política de liberación capaz de traccionar permanentemente el proceso sociotransformador hacia objetivos superadores, actuando para ello con protagonismo y autonomía políticas respecto del aparato gubernamental-estatal, en los ámbitos parlamentario y extraparlamentario articuladamente.
¿Conservar el gobierno o gobernar para el cambio? Los representantes políticos del capital y sus acólitos, pueden prescindir del protagonismo popular porque se apoyan en la hegemonía del poder y sus aparatos ideológicos, económicos y extraeconómicos. Pero las fuerzas populares, si llegan al gobierno y cometen el error de dejarse encandilar por el poder y sus mecanismos tentaculares de envolvencia, si optan por acomodarse a los cargos o “arreglar” por arriba con los poderosos, haciendo concesiones de todo tipo esperando –a cambio perpetuarse en el gobierno, difícilmente lo logren, pero si lo hacen, será costa de dar la espalda a los objetivos transformadores y a los movimientos sociales que los llevaron a tales posiciones políticas. 
Es injustificable, por un lado, que el triunfo de la izquierda en gobiernos locales o nacionales se alcance proponiendo construir lo nuevo y termine luego aceptando o incluso promoviendo políticas neoliberales sostenedoras/salvadoras del capitalismo. Por otro lado, está el peligro de ser tragados por la cultura del poder burocrático superestructural, dejarse llevar por la tentación de gobernar acompañados por expertos y asesores confiando el proceso de cambio a resoluciones y decretos que supuestamente, desde arriba, irán produciendo reformas y marcando el rumbo y sentido de los cambios. En cualquiera de los casos, si los pueblos no intervienen, la maquinaria institucional funcional al capital terminará tragándose la potencialidad y la perspectiva de transformación social de los que participan en el gobierno. 
Las revoluciones sociales son idénticas a la participación protagónica de sus pueblos; directamente proporcionales a ella. Si, por ejemplo, se aplica esta sencilla ecuación a los procesos populares revolucionarios en curso, a las medidas gubernamentales y sus procedimientos, los resultados saltan a la vista: a menor participación popular, menor contenido y alcance revolucionario, menos revolución. Conclusión: El nudo gordiano estratégico de los procesos revolucionarios no radica en la pertinencia de las resoluciones gubernamentales ni en la sabiduría de los gobernantes y su entorno, sino en la voluntad popular, en su conciencia y organización para participar en las definiciones y soluciones, impulsarlas y sostenerlas.
No se avanza con medidas superestructurales por muy justas y razonables que estas sean. Hay que construir protagonismo popular colectivo y eso solo puede lograrse forjándolo a cada paso y en cada paso. El aprendizaje como la enseñanza comienza en las prácticas cotidianas. Educar en lo nuevo significa desarrollar nuevas prácticas, dar el ejemplo. Esta es la clave pedagógica vital de las revoluciones desde abajo. Estas solo pueden profundizarse anudadas a la construcción y fortalecimiento del sujeto colectivo de las mismas, el actor sociopolítico capaz de traccionarlas e impulsarlas permanentemente hacia objetivos radicalmente superiores.
Un gobierno de izquierda no puede limitarse a hacer una “buena administración” Participar de las elecciones para acceder a espacios/fracciones del poder existente, limitándose a ejercerlo “correctamente”, ocupando los correspondientes espacios parlamentarios o gubernamentales nacionales o locales , conduce también a disecar –hasta anular la perspectiva transformadora. 
El problema no ha estado ni está en las personas: en si los gobernantes son buenas o malas personas. Como dice un sabio amigo: no hay nada peor que buenas y honestas personas en instituciones malas y perversas (como son las del capital). Porque esas personas, empeñadas en marcar su diferencia con funcionarios incapaces o corruptos, centran su accionar en “hacer buena letra” para demostrar que son “intachables”. Con su gestión terminan lavándole la cara a tales instituciones, y contribuyen –de modo consciente o no , a relegitimar, reoxigenar y reproducir el sistema del capital y sus lógicas de dominación. 
La corrupción es un mal que hay que erradicar, pero es inherente al sistema regido por el mercado. Este la crea, afianza y generaliza convirtiéndola en un flagelo que luego, esquizofrénicamente, debe combatir. Suponer que “buenas y honradas personas” que hagan una administración “prolija” salvarán a la sociedad de todos los males, y que –por tanto lo que hay que hacer es lograr que ese tipo de personas sean los candidatos a votar, es cuando menos una ingenuidad inadmisible.
Cuando se limita el proyecto político a ejercer “honradamente” los cargos de gobierno, sin apelar a la transformación y apertura de los mismos a la participación de los pueblos y sus organizaciones sociales o comunitarias, se contribuye al descrédito del sentido político transformador que tiene para los actores sociopolíticos populares participar en la disputa democrático-electoral en aras de acceder a parlamentos y gobiernos, además de que termina generalmente abortando el proceso político/social hacia posicionamientos personales.
Los casos más evidentes en este sentido resultan ser los de parlamentarios que llegan a ser tales en nombre de movimientos sociales u organizaciones políticas de izquierda y luego -cortando todo vínculo con ellos- se dedican a hacer de la bancada un ámbito para sus ambiciones personales, o un lucrativo “puesto de trabajo”. Ese es, precisamente, el juego del poder: quebrar, aislar, manipular o corromper.
Un gobernante revolucionario no se define como tal por el currículo, ni por ser “honrado y bueno” en comparación con los gobernantes tradicionales del sistema; aunque estas cualidades se requieren elementalmente, su proyección va más allá de lo personal: se relaciona directamente con su capacidad de poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria, abriéndole las puertas del gobierno al pueblo, construyendo un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad basada en la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas (basamento de la asamblea constituyente).
La única perspectiva y anclaje de fortaleza de los gobiernos populares radica en su profunda y creciente articulación con los pueblos, con los actores sociales, construyendo de conjunto mecanismos que acorten las distancias entre representación política y protagonismo social. 
La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos para demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar revoluciones desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo roles y responsabilidades diferenciados, para cogobernar el país.
Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas, y en el control de los resultados, en la medida que la construcción política y la transformación de las bases jurídicas de las instituciones estatales y gubernamentales lo posibilite. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos.
Estar en el gobierno no es lo mismo que gobernar para el cambio con el protagonismo creciente de las fuerzas sociales extraparlamentarias populares activas, abrir puertas y promover transformaciones mayores. En tal caso, constituirse en fuerza política gobernante significa para las fuerzas sociales transformadoras contar con un importante instrumento político para impulsar integralmente la transformación social. 
Sin embargo, vale reiterarlo, no hay métodos que garanticen resultados. Ni la toma del poder, ni la participación electoral, ni el llegar a ser gobierno provincial o nacional constituyen per se vías de cambios raizales revolucionarios. 
La transformación social es un caminar abierto, lleno de incertidumbres y obstáculos, que tiene una trinchera de posibilidades para avanzar en aras de la nueva civilización: la (auto)construcción del sujeto revolucionario colectivo. 
El lugar y papel protagónico de los actores sociopolíticos en aras de ello es indeclinable en todas las dimensiones, tiempos y tareas del proceso político transformador. Articuladamente con ello se van definiendo los caminos, los métodos y los instrumentos a emplear, los que hay que crear, etcétera. La transición a otra sociedad reclama, además, la articulación de los procesos locales, nacionales y/o regionales con el tránsito global hacia un mundo diferente.
Formar una nueva cultura, como la socialista, por ejemplo, no implica solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos. La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es –a la vez que un empeño local parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que –conscientemente , quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y sostenerlo
Los avances se producen en primera instancia y generalmente, en el ámbito de un país o de varios, pero hay que destacar que estos van construyendo consensos regionales e internacionales, en temáticas civilizatorias que defienden la vida, interarticulando diversos procesos sociotransformadores [1]. En Indo-afro-latinoamérica se abren hoy grandes oportunidades para ello, dada la madurez convergente de amplios y maduros movimientos sociales urbanos y rurales y movimientos indígenas y la coincidencia histórica de gobiernos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, entre otros. Esta realidad emerge de la acumulación de resistencias y luchas de los pueblos, y marca el predominio de la tendencia transformadora que se abre paso en medio (a través) de las luchas y construcciones sociales con oportunas intervenciones de las casualidades.
Protagonismo y responsabilidades políticas de los movimientos sociales
La madurez alcanzada por los movimientos indígenas y sociales en años de resistencias y luchas sociales, ha resultado incrementada por la experiencia que viven aquellos que han constituido gobiernos y conjugan sus actividades políticas y sociales en aras de profundizar procesos populares colectivos de construcción de poder propio desde abajo en simultánea disputa con el poder del capital. 
Esta situación ubica el debate de los movimientos sociales en una dimensión cualitativamente diferente de la hasta ahora experimentada: se trata de hacerse cargo de lo que ellos mismos han construido, se trata de asumirse también como parte de los gobiernos y cogobernar. No es políticamente válido resistir, luchar, voltear y poner gobiernos si luego no se asume (o no se puede asumir) la responsabilidad de (co)gobernar, con autonomía, [4] pero articulados a sus representantes, para participar en la toma de decisiones, en el control de la gestión pública y para llevar propuestas propias construidas desde abajo por los de abajo. Se trata de transformar radicalmente también las instituciones y su papel en la sociedad y viceversa, y en esto, como en todo, los movimientos sociales, los pueblos todos, tienen que involucrarse.
Ya no basta con las resistencias y las luchas antineoliberales, no basta con sobrevivir; es vital superar la defensiva, erigirse (construirse) en sujetos protagonistas de su historia. Esto supone dar cuenta de la nueva realidad sociopolítica, de sus características y dimensiones, sus tareas y sus nuevos desafíos. Estos implican para los movimientos indígenas y sociales del campo popular, moverse en un terreno histórica y políticamente desconocido hasta el presente: en el terreno de la libertad de pensar y elaborar propuestas colectivamente, de presentarlas y discutirlas mano a mano con el Ejecutivo o en los parlamentos, desarrollándose como protagonistas no ya de las luchas contra el otrora poder del Estado y el gobierno, tampoco pidiendo concesiones o satisfacción de reclamos sectoriales o corporativos; es tiempo de transitar caminos para cambiar de raíz el contenido social de los instrumentos tradicionales del Estado y el gobierno, y buscar o crear los medios para hacerlo, participando en ellos, convirtiéndolos en herramientas de los cambios colmándolos de participación popular y comunitaria gestada desde abajo. En tales procesos de lucha por los cambios, en medio de ellos, es que reside la posibilidad de que los diversos actores sociales atomizados vayan encontrándose y constituyéndose en actor político colectivo capaz de definir protagónicamente los rumbos su historia y traccionar hacia ellos los cambios. 
Comprender que se trata de un proceso constituyente, es clave. Implica que no existe un ser ni un deber serdefinidos a priori, que no hay sujetos, ni caminos, ni tareas, ni rumbos y resultados preestablecidos; no hay garantías ni situaciones irreversibles, se trata de una lucha constante, de apelar infatigablemente a la imaginación, inventiva y voluntad de los actores participantes, (auto)desafiando paso a paso su voluntad para protagonizar cada vez más integral y profundamente el proceso de cambios, proceso que abrieron sabiendo lo que no querían pero sin tener plenamente establecido lo que querían. Se trata de un proceso vivo, abierto, dinámico, contradictorio, tensionante y desafiante. Este carácter constituyente abarca e interdefine los sentidos, las dimensiones y acciones del proceso de cambios, es decir, a los sujetos mismos. Se trata en realidad de un proceso interconstituyente de poder, proyecto y sujetos. Y como todo ello se va definiendo concatenado (hilvanado) por la participación (integral) de los actores sujetos, resulta en tal sentido, a la vez , un proceso autoconstituyente, es decir, consciente y abierto. No hay resultados ni sujetos, ni proyectos, ni poderes preconcebidos ni garantizados; todo está en juego permanentemente. 
Precisamente por ello los actuales procesos democrático-revolucionarios que se desarrollan en el continente en disputa frontal con la hegemonía del poder colonial-capitalista, reclaman el creciente y renovado protagonismo de los movimientos indígenas, sociales, campesinos, de mujeres, de trabajadores, de ecologistas, pensadores populares, etcétera. 
Sin embargo, la ausencia de los tradicionales conflictos antigubernamentales ha creado una situación de calma y reflujo de los movimientos, y esto es –en parte también responsable de que los que gobiernan interpreten esta situación de calma como una delegación del poder de decisión de los movimientos hacia ellos, con lo cual se incentiva la casi “natural tendencia” cultural a decidir desde arriba que presiona administrativamente a quienes ocupan cargos gubernamentales y estatales. 
Superada la “sorpresa” inicial que puede producir el salto de la lucha de calles a estar en el gobierno, el desafío primero es poner en marcha propuestas concretas que permitan, por un lado, fortalecer y articular a las organizaciones sociales y políticas de los pueblos y, por otro, profundizar los procesos de cuestionamiento de las medidas regresivas del neoliberalismo, frenar su implementación y, allí donde sea posible, anular su vigencia y avanzar creando y construyendo lo nuevo, incluyendo en ello, por supuesto, la profundización de las dimensiones y el ejercicio efectivo de la democracia desde la raíz, desde abajo, por los de abajo y en función de los intereses colectivos.
Los primeros pasos resultan hasta ahora marcados por el desarrollo de programas de gobierno que -teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente y las posibilidades de modificarla favorablemente , buscan en primer lugar consolidar la gestión gubernamental naciente, pero sin reducir a ello su accionar político revolucionario. La construcción de hegemonía popular es vital, y ella está anudada a la profundización-ampliación de la democracia heredada, simultáneamente con la construcción de una democracia raizalque abra el horizonte a la participación multidimensional de los actores sociopolíticos diversos, fortaleciendo también su (auto)constitución en actor colectivo, sujeto de su historia.
Romper los mitos de la cultura política instalada por el capital y funcional a sus intereses
En las actuales procesos de democratización abiertos por gobiernos populares, no basta con que los representados reclamen a los representantes, no basta con protestar, no basta con “tomar distancia” para “seguir de cerca” las gestiones de gobierno. El quemeimportismo político es hijo de la ideología del aparente no-compromiso neoliberal, y en las actuales condiciones es funcional a la supervivencia de su hegemonía. 
Es inadmisible que –en tales situaciones , los movimientos sociales, indígenas, campesinos, urbano-populares, de mujeres, etc., rechacen compartir determinadas responsabilidades y tareas políticas articuladas a acciones de gobierno esgrimiendo argumentos tales como: el temor a “ser cooptados” o manipulados por los gobernantes o las estructuras del poder. La pregunta correspondiente en este caso es: ¿cooptados por quiénes, si el gobierno es propio? Obviamente puede haber cooptación, acomodamiento, complacencia, etc., siempre existen tales peligros, como también otros. Pero la cooptación, el acomodamiento o la complacencia responden a casos individuales, y estos al aislamiento entre representantes y representados. Pero se trata de participar colectivamente, de discutir como actores sociales y políticos, de interactuar como pueblo organizado, en tales situaciones la cooptación o complacencia desparece como posibilidad.
En esta perspectiva, la negativa o reticencia a participar interactuando con autonomía en el proceso gubernamental, inclina la balanza de los cambios a la parálisis y retranca de los procesos abiertos. Los destinos, posibilidades y alcances de los procesos revolucionarios abiertos en el continente, los contenidos y alcances de la acción gubernamental y la participación política de los movimientos sociales están genealógicamente entrelazados. La escasa participación autonómica (no subordinada) de los de abajo acentúa las persistentes tendencias a la burocratización de lo político institucional y su paulatina sustitución por lo administrativo superestructural y el funcionariado correspondiente, y hace de los otrora protagonistas, –en el mejor de los casos marionetas de la historia manipulados –todos por la hegemonía del poder del capital anulándolos en su posibilidad de constituirse en sujetos capaces de crear su historia y pelear por hacerla realidad.
Este nuevo tiempo político abierto a los desafíos sociotransformadores gestados desde abajo en las resistencias y luchas de los movimientos indígenas y sociales, demanda de ellos alzarse sobre prejuicios y dogmas para protagonizar las decisiones de hoy y llevarlas adelante, haciendo realidad las consignas del pasado y dando los pasos necesarios en aras de fortalecer el protagonismo colectivo del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios y del pueblo todo. Y para ello es fundamental instalar o reinstalar el trabajo político, la formación (descolonizadora) y la organización (articulada intercultural).
Fortalecer el instrumento político es central. 
Este puede potenciar el desarrollo de tareas políticas, culturales e ideológicas que promuevan la participación protagónica del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios, construir canales y herramientas de información y organización, abriendo canales institucionales y no institucionales para su participación conciente, capacitada, organizada y creciente en las diversas dimensiones de la vida social. 
Esto se anuda directamente con la realización de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo de la conciencia política asumida por los actores sociopolíticos, fundamentalmente, estimulando la recuperación y reflexión crítica de sus experiencias concretas de construcción de poder propio, creando ámbitos colectivos de intercambio y producción de pensamiento crítico de sus procesos de cambios, contribuyendo efectivamente al crecimiento y fortalecimiento de la conciencia colectiva. Abrir espacios para periódicas reflexiones sobre las nuevas y cambiantes realidades resulta vital para el desarrollo político-cultural de los movimientos sociopolíticos (y el campo popular todo). 
La ideología del cambio, como el sentido y sus definiciones estratégicas son parte del proceso social vivo, y no un dogma apriorístico establecido –desde fuera de las luchas de los pueblos por algunavanguardia partidaria que “los demás” tendrían que asimilar. La conciencia política de los actores sociopolíticos del pueblo se forja y crece en los procesos de resistencia, lucha y construcción de alternativas, en interdefinición constante de los rumbos y objetivos estratégicos. Estos no vienen dados del “más allá”; se van construyendo (y modificando) a partir de las cotidianidades y modos de vida y experiencias de lucha y sobrevivencia diversos que existen en cada sociedad, en cada comunidad.
El debate estratégico está abierto. Y se manifiesta a través de los actuales procesos de luchas sociales para avanzar en las definiciones, la implementación o el perfeccionamiento de las propuestas de cambios radicales en las sociedades donde dicha disputa se está desarrollando abiertamente, construyendo simultáneamente caminos que cuestionan colectivamente el actual sistema mundo a la vez que lo van rediseñando “más allá del dominio del capital” [Mészáros].
Isabel Rauber. Doctora en Filosofía. Directora de la Revista “Pasado y Presente XXI”. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Educadora popular. Estudiosa de los procesos políticos de los movimientos sociales e indígenas de indo-afro-latinoamérica.

 

“¿Aplicará el Consejo sanciones a EEUU si desata una guerra?”

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN COLOMBIA Miércoles, 02 de Marzo de 2011 11:00

Ginebra, 1ro. de marzo del 2011.

Señor Presidente:

La conciencia humana rechaza la muerte de personas inocentes en cualquier circunstancia y lugar. Cuba comparte plenamente la preocupación mundial por las pérdidas de vidas de civiles en Libia y desea que su pueblo alcance una solución pacífica y soberana a la guerra civil que allí ocurre, sin ninguna injerencia extranjera, y que garantice la integridad de esa nación.

Con toda seguridad, el pueblo libio se opone a toda intervención militar extranjera, que alejaría aún más un arreglo y provocaría miles de muertes, de desplazados y enormes daños a la población.

Cuba rechaza categóricamente cualquier tentativa de aprovechar la trágica situación creada para ocupar ese país y controlar su petróleo.

Resulta notorio que es la voracidad por los hidrocarburos, y no la paz ni la protección de las vidas de los libios, la motivación que anima a las fuerzas políticas, fundamentalmente conservadoras, que llaman hoy, en los Estados Unidos y en algunos países de Europa, a una intervención militar de la OTAN en territorio libio. Tampoco parecen ser la objetividad, la exactitud y el apego a la verdad, lo que predomina en una parte de la prensa, utilizada por emporios mediáticos, para atizar el fuego.

Ante la magnitud de lo que en Libia y en el mundo árabe ocurre y en circunstancias de una crisis económica global, debería prevalecer la responsabilidad y la visión de largo plazo de los gobiernos de los países desarrollados. Aunque pueda engañarse a la buena voluntad de una parte de la opinión pública, es evidente que una intervención militar llevará a una guerra y acarreará graves consecuencias para las vidas de las personas y especialmente de los miles de millones de pobres que son las cuatro quintas partes de la Humanidad. Pese a que falten algunos datos y hechos por conocerse, la realidad es que el origen de la situación en el Medio Oriente y el Norte de África está en la crisis de la política de saqueo impuesta por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en esa región. Los precios de los alimentos se triplican, el agua escasea, crecen los desiertos, aumenta la pobreza y, con ella, una ofensiva desigualdad social y exclusión en la distribución de la opulenta riqueza petrolera de la región.

El derecho humano fundamental es el derecho a la vida que no merecería vivirse sin dignidad humana. Concita seria preocupación la manera en que se conculca el derecho a la vida. Según fuentes diversas, han perecido en conflictos armados en guerras modernas algo más de 111 millones de personas. No podría olvidarse en esta sala que si en la Primera Guerra Mundial las muertes de civiles sólo fueron el 5% del total de bajas, en las guerras de conquista posteriores a 1990, fundamentalmente en Iraq con más de un millón y Afganistán con más de 70 mil, los muertos inocentes son el 90%. La proporción de niños en estos datos es horrible e inédita. Ha sido aceptada en la doctrina militar de la OTAN y de naciones muy poderosas el concepto de “daños colaterales” lo que ofende la naturaleza humana. En la última década, el Derecho Internacional Humanitario ha sido pisoteado, como ocurre en la Base Naval norteamericana de Guantánamo, que usurpa territorio a Cuba.

Las cifras globales de refugiados, como consecuencia de esas guerras, se han incrementado en un 34%, a más de 26 millones de personas. Los gastos militares aumentaron un 49% en la década y llegan a 1,5 millones de millones de dólares, más de la mitad solamente en Estados Unidos. El complejo militar-industrial sigue produciendo guerras. Cada año mueren como víctimas de hechos violentos asociados al crimen organizado, y no sólo a conflictos, 740 mil seres humanos.

En un país europeo, muere cada cinco días una mujer a causa de la violencia doméstica. En los países del sur, fallecen anualmente en el parto medio millón de madres. Cada día, mueren de hambre y enfermedades prevenibles 29 mil niños. En los minutos que llevo de discurso, han muerto no menos de 120 niños. En su primer mes de vida, perecen 4 millones. En total, mueren anualmente 11 millones de niños.

Por causas relacionadas con la desnutrición, hay 100 mil fallecimientos diarios que suman 35 millones al año. Sólo en el huracán Katrina, en el país más desarrollado del mundo, murieron 1 836 personas, casi todas negras y de pocos recursos. En los últimos dos años, 470 mil personas murieron en el mundo, a causa de desastres naturales, el 97% de ellas de bajos ingresos. Sólo en el terremoto de enero de 2010, en Haití, murieron más de 250 mil personas, casi todas residentes en viviendas muy pobres. Lo mismo ocurrió con las casas arrasadas por las lluvias excesivas en Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil.

Si los países en desarrollo tuvieran tasas de mortalidad infantil y materna como las cubanas, se salvarían anualmente 8,4 millones niños y 500 mil madres. En la epidemia de cólera en la hermana Haití, médicos cubanos atienden casi la mitad de los enfermos, con una tasa de letalidad inferior en cinco veces a las atendidas por galenos de otros países. La cooperación médica internacional cubana ha permitido salvar más de 4,4 millones de vidas en decenas de países de 4 continentes.

La dignidad humana es un derecho humano. Hoy viven 1 400 millones de personas en pobreza extrema. Hay mil veinte millones de hambrientos, otros 2 mil millones padecen desnutrición. Existen 759 millones de adultos analfabetos.

Señor Presidente:

El Consejo ha demostrado su capacidad para abordar las situaciones de Derechos Humanos en el mundo, incluyendo aquellas de carácter urgente que requieren la atención y acción de la comunidad internacional. Se ha confirmado la utilidad del Examen Periódico Universal, como sustento de la cooperación internacional, para evaluar el desempeño en la materia de todos los países, sin distinción Preservar, perfeccionar y fortalecer este Consejo en su función de promover y proteger efectivamente todos los derechos humanos para todos, fue el espíritu que animó nuestra actuación en el proceso de revisión del órgano. Los resultados de este ejercicio expresan un reconocimiento a los importantes logros del Consejo en su corta existencia.

Si bien los acuerdos alcanzados resultan insuficientes a la luz de los reclamos de los países en desarrollo, se preservó al órgano de aquellos que pretendían reformarlo a su conveniencia para satisfacer apetitos hegemónicos y resucitar el pasado de confrontación, dobles raseros, selectividades e imposición. Los debates de estos días harían esperar que este Consejo de Derechos Humanos continúe construyendo y avanzando su institucionalidad hacia el pleno ejercicio de su mandato. Sería muy negativo que, con el pretexto de la revisión de la construcción institucional del Consejo y el abuso de la dramática coyuntura que se discute, se manipule y se presione de manera oportunista para establecer precedentes y modificar acuerdos.

Si el derecho humano esencial es el derecho a la vida, ¿estará listo el Consejo para suspender la membresía de los Estados que desaten una guerra?

¿Se propone el Consejo dar alguna contribución sustancial para eliminar la principal amenaza a la vida de la especie humana que es la existencia de enormes arsenales de armas nucleares, cuya ínfima parte, la explosión de 100 ojivas, provocaría el invierno nuclear, según evidencia científica irrefutable?

¿Establecerá un procedimiento temático sobre el impacto del cambio climático en el ejercicio de los derechos humanos y proclamará el derecho a un ambiente sano?

¿Suspenderá a los Estados que financien y suministren ayuda militar empleada por el Estado receptor en violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos y en ataques contra la población civil, como las que ocurren en Palestina?

¿Aplicará esa medida contra países poderosos que realicen ejecuciones extrajudiciales en territorio de otros Estados con empleo de alta tecnología, como municiones inteligentes y aviones no tripulados?

¿Qué ocurrirá con Estados que acepten en sus territorios cárceles ilegales secretas, faciliten el tránsito de vuelos secretos con personas secuestradas o participen de actos de tortura?

¿Podrá el Consejo adoptar una Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz?

¿Adoptará un Programa de Acción, que incluya compromisos concretos para garantizar el derecho a la alimentación en momentos de crisis alimentaria, espiral de precios de los alimentos y utilización de cereales para producir biocombustibles?

Señor Presidente:

Distinguidos Ministros y Delegados:

¿Qué medidas adoptará este Consejo contra un Estado miembro que cometa actos que causen grandes sufrimientos y atenten gravemente contra la integridad física o mental, como el bloqueo a Cuba, tipificado como genocidio en al artículo 2, incisos b y c,de la Convención de Ginebra de 1948?

Muchas gracias

 

Hoy se hace público Informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Colombia

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN COLOMBIA Viernes, 25 de Febrero de 2011 17:17

El Informe está disponible para su lectura completa en la página web www.hchr.org.co

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2011

El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el país durante el año 2010 se presenta hoy en Colombia, y se hará público ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, el próximo 23 de marzo del año en curso.

Según Christian Salazar, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el Informe señala que el panorama de los derechos humanos en el país durante 2010 se caracterizó por una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras que contrastan con la persistencia de serias violaciones de los derechos humanos en las diferentes regiones del país”.

El Informe valora el clima político y resalta que el “desarme de la palabra” impulsado por el nuevo Gobierno se ha traducido en una mejora significativa de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial y con las organizaciones de derechos humanos. Un resultado importante de esta despolarización fue, por ejemplo, la elección de una nueva Fiscal General después de un impasse de 16 meses, dice el Informe.

Reconoce además el fuerte compromiso de altos funcionarios del nuevo Gobierno con la mesa de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos, aunque la Alta Comisionada y su Oficina en Colombia esperan que los compromisos adquiridos se cumplan en la práctica.

Para la Alta Comisionada los rechazos públicos de altos funcionarios del Gobierno a actos de violencia y violaciones de derechos humanos fueron oportunos y reconoce el seguimiento que la Vicepresidencia está dando a las investigaciones penales de varios casos. Espera que en 2011 se adopten las decisiones que permitan la plena implementación de los cambios anunciados.

El informe 2010 destaca como especialmente importante el proyecto de “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, y que éste Gobierno mantuvo firme su posición de no excluir a víctimas de agentes del Estado.

Otras medidas positivas en las que haces énfasis el Informe son la sanción de la “Ley de Homenaje” a las víctimas de desaparición forzada, el nuevo Código Penal Militar y la aprobación por parte del Congreso de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Informe señala que solo recientemente se comienza a conocer la dimensión real del fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. A noviembre del 2010, el total de personas desparecidas registradas en el Registro Nacional de Desaparecidos sumaba 51.310, de las cuales 12.632 podrían ser consideradas como desapariciones forzadas, es decir, personas desparecidas por agentes estatales. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto al 2009 es casi del 40%.

Aunque la impunidad sigue siendo uno de los problemas principales del país, el Informe reconoce los esfuerzos realizados por parte de los organismos judiciales para esclarecer algunas violaciones que afectan a los pueblos indígenas, como se demostró con las condenas a los responsables de la muerte de Edwin Legarda y de la masacre de 12 indígenas Awá ocurrida en agosto de 2009, así como el fallo histórico emitido en el caso de la toma del Palacio de Justicia contra miembros del Ejército.

El Informe recoge los continuos homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones así como ataques y asesinatos de personas que pertenecen a grupos en situación de especial vulnerabilidad.

En cuanto al desarrollo de diferentes indicadores de violencia y violaciones de derechos humanos, el Informe da cuenta del fuerte aumento de masacres: 40% durante el año 2010. Es preocupante, dice el Informe, que la Defensoría del Pueblo advierta a tiempo sobre el riesgo de masacres y otras violaciones de los derechos humanos, por ejemplo en Córdoba, sin que las autoridades tomen las previsiones correspondientes. En Córdoba, por ejemplo, se registraron 10 masacres en 8 meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre.

El Informe reporta que las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen figurando entre los grupos de población más vulnerables y el Estado colombiano continúa enfrentando retos enormes para asegurar sus derechos y su protección. Un reto principal del Estado, según el Informe, es garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades a ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier acción que los afecte directa y diferenciadamente.

En 2010, el informe da cuenta de casos de violencia sexual atribuidos a miembros de grupos armados ilegales, y a miembros de la fuerza pública. En la mayoría de estos casos las víctimas eran niñas. En cuanto a la fuerza pública, el Informe reconoce que su reacción ante casos de violencia sexual ha sido más adecuada que en años anteriores.

Sin embargo, casos gravísimos, como por ejemplo el de Arauca, en el que se atribuyó a un mismo miembro del Ejército la violación de dos niñas en un intervalo aproximado de 2 semanas, y al cual la Oficina de la Alta Comisionada dio un detallado seguimiento, muestran que es imperativo mejorar la respuesta de las autoridades a este problema.

Una preocupación importante que destaca el Informe es el aumento de la violencia generada por grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares. Miembros de estos grupos cometieron homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, individuales y colectivos, y actos de violencia sexual y explotación de niños y niñas.

Según el Informe, las dimensiones alcanzadas por estos grupos provocaron que el Ministerio de Defensa autorizara a las Fuerzas Militares a que apoyen a la Policía Nacional en el combate contra siete de estos grupos.

El Informe afirma que la heterogeneidad de la estructura y el comportamiento de esos grupos dificultan una categorización general e inequívoca del fenómeno. Según el Informe, el móvil fundamental de estos grupos es la obtención de lucro económico, principalmente de actividades ilícitas. En ese sentido, ejercen “control social” y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada. Sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política, a veces utilizan terminología y parafernalia propia de organizaciones paramilitares, así como su modus operandi.

El Informe señala que entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen a dichos grupos. Estos grupos también actúan hostilmente ante aquellas personas percibidas como colaboradoras o miembros de grupos rivales o de la fuerza pública, o simplemente que se encuentran en una zona de disputa con otro grupo.

Según el Informe, en la comisión de esta violencia, estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso convivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, como demuestran casos observados en Antioquia, Córdoba y Meta.

El Informe da cuenta de que en 2010 avanzaron las investigaciones y procesos judiciales sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Según la Alta Comisionada, los hechos que su Oficina ha conocido sobre el DAS y otros organismos de inteligencia, demuestran que las reformas de inteligencia son urgentes, no solo para el DAS, sino para todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano.

El Informe confirma la drástica disminución de la práctica conocida como “falsos positivos”, y considera fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas en el pasado y analizar en profundidad las causas de estas violaciones, como garantía de no repetición de estos hechos.

Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, el Informe estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de estos casos ocurrieron entre los años 2004 y 2008.

El Informe afirma que el conflicto armado interno sigue siendo uno de los generadores principales de violencia contra la población civil. Todas las partes del conflicto armado continuaron cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente los grupos guerrilleros

El Informe registra con particular preocupación la infracción al principio de distinción en la conducción de hostilidades por parte de los grupos guerrilleros, especialmente las FARC-EP, que resultó en numerosas personas civiles muertas y heridas. Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de las acciones de los grupos guerrilleros de forma “generalizada, sistemática y habitual”. La siembra de minas antipersonal continúa causando grandes daños a la población civil.

Tanto las FARC-EP como el ELN siguieron tomando rehenes. La Alta Comisionada reitera su condena a la práctica sistemática de la toma de rehenes, que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.

En cuanto a la fuerza pública, el Informe afirma que siguió observando la presencia de unidades militares en los alrededores o en el interior de bienes civiles, incluyendo casas y escuelas. Asimismo, señala su preocupación por las numerosas denuncias recibidas de comunidades que alegan abusos, especialmente del Ejército. El Informe también reporta que la Oficina de la Alta Comisionada continuó recibiendo información sobre utilización de niños y niñas para fines de inteligencia por miembros de la fuerza pública y sobre su participación en campañas cívico-militares.

En cuanto a la Ley Justicia y Paz, el informe sigue sosteniendo que los resultados de la Ley 975 (2005) son modestos. Como prueba, sólo aproximadamente el 4.5% de todos los desmovilizados se sometieron a la ley y de ellos solamente el 54% - un poco más de la mitad - ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Existen dos sentencias parciales con tres personas sentenciadas. Estas sentencias fueron apeladas por las víctimas. Ante esto, la Alta Comisionada reitera su recomendación de considerar una profunda revisión de la Ley 975.

El Informe señala con preocupación la influencia de la llamada “parapolítica” que no ha desaparecido del nuevo Congreso. De los 267 congresistas, 13, que han sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema. El Informe dice que la Oficina en Colombia ha recibido informaciones de posibles casos de “testaferrato político” entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de “parapolítica”.

Además de los temas mencionados hasta ahora, el Informe trata un abanico de otros temas importantes, como por ejemplo la tortura, el desplazamiento forzado o los derechos económicos, sociales y culturales, y se delinean algunas áreas de trabajo prioritarias de la Oficina en Colombia para 2011.

Por último, en su informe, la Alta Comisionada formula una serie de recomendaciones concretas con la convicción de que su implementación contribuirá a una sensible mejora en la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. Algunas de estas recomendaciones son las siguientes:

1. La Alta Comisionada insta a todos los actores armados a aceptar y acatar plenamente el derecho internacional humanitario; y exige a los grupos armados ilegales que de manera inmediata liberen sin condiciones a todas las personas secuestradas, cesen el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, liberen a todos los que se encuentran en sus filas, y detengan la colocación de minas antipersonal.

2. La Alta Comisionada alienta a una revisión exhaustiva de las políticas y programas de protección, tanto gubernamentales como de otras entidades del Estado, para ajustar las medidas a las condiciones de las víctimas. En este contexto, reitera especialmente la necesidad de que el Estado colombiano adopte un programa de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras.

3. La Alta Comisionada recomienda frente a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares la adopción de políticas y medidas que no se limiten únicamente al aumento de agentes de seguridad pública. Asimismo, insta a desplegar mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción y aquiescencia con estos grupos en todos los ámbitos del Estado, particularmente en la fuerza pública, autoridades locales, jueces y fiscales.

4. La Alta Comisionada considera imperativo que el Estado colombiano avance significativamente en los procesos judiciales sobre las ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio de Defensa debería reaccionar ante el preocupante retroceso en la colaboración entre la justica penal militar y la justicia ordinaria, transfiriendo de manera inmediata a la justicia ordinaria todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que están bajo su jurisdicción.

5. La Alta Comisionada recomienda establecer un mecanismo independiente para analizar y transferir a la justicia ordinaria casos que fueron conocidos y cerrados en el pasado por jueces penales militares sin una adecuada investigación.

6. La Alta Comisionada insta al Gobierno, a la Procuraduría General de la Nación y al Congreso a establecer mecanismos democráticos robustos de control externo sobre los servicios de inteligencia, avanzar en el establecimiento de los centros de protección de datos con los más altos estándares de control interno y establecer un mecanismo de depuración de archivos.

7. La Alta Comisionada exhorta a que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes supuestamente cometidos por miembros del servicio de inteligencia civil, DAS.

   

Ah... ¡Qué Chávez!

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Escrito por FUNDACIÓN WALTER BENJAMIN COLOMBIA Lunes, 31 de Enero de 2011 18:45

 




A 12 años del inicio de la revolución bolivariana, dibujemos algunas palomitas que dan cuenta de la preocupante orientación estatista de ésta. Aclaración pertinente: los datos que siguen a continuación no provienen de Wikileaks.

Economía y finanzas


1. Liberación del país del Fondo Monetario Internacional. 
2. Aumento de las reservas internacionales. 
3. Disminución de la deuda pública de 47.5 a 25 puntos (2003-2006). 
4. Eliminación del impuesto al débito bancario. 
5. Creación de tres grandes bancos: del Tesoro, de Desarrollo y del Sur. 

Petróleo

6. Recuperación de la industria petrolera. 
7. Recuperación de la OPEP como organización defensora de los precios del petróleo, y creación de Petrosur. 
8. Liberación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de la comisión de valores de Estados Unidos, pagando la deuda correspondiente (26 mil millones de dólares). 
9. Aumento de las reservas con la recuperación de la franja del Orinoco. 

Agricultura y producción

10. Rescate de tierras para la agricultura y entrega de tierra a campesinos. 
11. Diversificación de la producción. Creación de fábricas como la de tractores, bicicletas y automóviles, así como cemento en asociación con Irán. 

Salud

12. Creación de un nuevo Servicio Nacional de Salud (Misión Barrio Adentro). 
13. Dotación de hospitales con incubadoras y equipos sofisticados. 
14. Construcción del Cardiológico infantil. 
15. Millares de personas que han recuperado la vista (Misión Milagro). 
16. Disminución de la mortalidad infantil en 27 por ciento. 
17. Aumento en la esperanza de vida a 73.18 años. 
18. Construcción de la primera Clínica Popular Indígena en Apure, y extensa red de 10 ambulatorios para los indígenas. 

Mujer

19. Creación de Inamujer. 
20. Creación del programa Simoncito (atención a los niños desde antes de nacer). 
21. Extensión del periodo de lactancia materna que obliga a los empleadores a darle más semanas a las madres trabajadoras. 
22. Apoyo a 200 mil madres con dificultades económicas (Misión Madres del Barrio). 

Educación

23. Universidad Bolivariana en todos los estados (más de 800 técnicos superiores graduados), y Universidad del Deporte, en Cojedes. 
24. Apertura de estudios de bachillerato para miles de personas. Más de 200 mil bachilleres graduados (Misión Ribas). 
25. Alfabetización de más de millón y medio de personas, por lo cual la UNESCO declaró al país libre de analfabetismo. 
26. Recuperación de más de 10 mil planteles educativos. 
27. Creación de 58 mil 236 nuevas escuelas. 
28. Creación de 255 escuelas técnicas donde estudian 203 mil alumnos. La meta es llegar a 500 escuelas técnicas para 500 mil alumnos. 
29. Edición de más de 50 millones de libros de distribución gratuita para elevar el nivel cultural del pueblo. 
30. Dotación a las bibliotecas públicas del país. 
31. Recuperación de más de 100 mil planteles educativos. 
32. Creación de más de 6 mil escuelas bolivarianas y 75 mil bibliotecas de aula. 
33. Pago de todos los pasivos de los maestros y aumento sustancial de sueldo. 
34. Eliminación de cobro de matrículas en los colegios del Estado. 

Pobreza, trabajo y vivienda

35. Disminución de la pobreza crítica de 80 a 30 por ciento (1998-2007). 
36. Atención a cientos de personas y niños de calle (Misión Negra Hipólita). 
37. Red de Casas de Alimentación para personas en necesidad. 
38. Declaración de inamovilidad laboral, para impedir despidos. 
39. Programa de sustitución de ranchos por viviendas. 
40. Con prestaciones, el salario mínimo del trabajador venezolano asciende a 638 dólares mensuales (8 mil pesos mexicanos). 

Servicios

41. Aumento del número de personas que hoy tienen agua potable y electricidad. 
42. Creación de los Distritos Sociales de PDVSA para asistir a cientos de comunidades en el país. 
43. Plan nacional de gasificación (gas directo para todas las comunidades). 

Comunicación

44. Creación de Telesur y la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). 
45. Aprobación de la ley de responsabilidad social en radio y televisión. 
46. Puesta en órbita del satélite Simón Bolívar, para el desarrollo de telemedicina, teleducación y la independencia de información. 

Medio ambiente

47. Aumento de 6 mil 700 aves de la población de flamencos del Caribe, especie amenazada de extinción. 
48. Siembra de 20 millones de árboles desde 2006 (Misión Árbol). 

Seguridad

49. Aumento del número de afiliados al Seguro Social, y de las pensiones a los ancianos. 
50. Pago de todas las deudas con profesores, médicos y jubilados. 
51. Jubilación a maestros de las escuelas católicas Fe y Alegría, que en 50 años no habían recibido jubilación y aguinaldos. 
52. Construcción de ciudades penitenciarias a fin de resolver la problemática de las cárceles. 

Fuerzas armadas

53. Independización de las Fuerzas Armadas de la influencia de la Escuela de las Américas. 
54. Salida de técnicos yanquis que realizaban espionaje en los cuarteles y diversificación de mercados para abastecerse de armas. 

Integración

55. Ingreso al Mercosur. 
56. Creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) como alternativa del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Política

57. Elevación de la autoestima de los venezolanos. 
58. Establecimiento de la soberanía del país. 
59. Enaltecimiento de la historia de luchas populares y nacionales. 
60. Democracia efectiva. 



* José Steinsleger es escritor y periodista. Miembro fundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP, 1976), de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI-UNESCO, 1984) y del movimiento “En defensa de la humanidad” (México, 2003). Desde 1996 mantiene una columna fija en el periódico mexicano La Jornada. Autor y co-autor de algunos libros sobre la coyuntura política de Latinoamericana.

Fuente: : http://www.jornada.unam.mx/2010/12/22/index.php?section=opinion&article=021a1pol

 

   

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